En una decisión que ya se perfila como un hito de la gestión política en la provincia de Colchagua aunque por las razones equivocadas, el Concejo Municipal de Placilla decidió, el pasado 16 de enero, rechazar el Convenio Prodesal. Lo que históricamente ha sido un trámite de rutina para asegurar la supervivencia de la pequeña agricultura campesina, se transformó en un despliegue de obstáculos que dejó a 290 usuarios en el limbo.
Durante la sesión, el coordinador del programa, Ariel Núñez, dio una exhibición de paciencia supina, ya que por más de una hora, el profesional se dedicó a despejar cada una de las interrogantes de los ediles, quienes parecían más preocupados por la «forma» que por el fondo de un programa que inyecta más de 106 millones de pesos a la comuna.
Sin embargo, ni las explicaciones técnicas ni los años de éxito del programa fueron suficientes para convencer a la mayoría. En un despliegue de rigor administrativo digno de mejores causas, los concejales Daniela Díaz, Bastián Palomino y Francisco Catalán votaron en contra, dejando a Paula Bustamante y Gervasio Galaz a favor de la continuidad del apoyo.
El argumento del rechazo roza lo tragicómico: los concejales cuestionaron que el alcalde Marcelo González hubiera firmado el documento antes de la votación y que el tiempo de revisión fue «insuficiente». Al parecer, para este sector del concejo, la seguridad de que el convenio no sufriera modificaciones posteriores razón por la cual se firma previamente es un agravio personal que justifica dejar a casi 300 familias sin asistencia técnica por los próximos cuatro años. Como bien señaló el alcalde, esta parece ser una estrategia para «trabar la pelota», donde el bienestar de los vecinos queda relegado a un segundo plano frente a las rencillas políticas.
El drama humano frente a la frialdad del acta
Mientras en la mesa se debatían reglamentos y orgullos heridos, en las tribunas la realidad golpeaba con fuerza. Nueve dirigentes y usuarios del programa asistieron a la sesión del concejo para presenciar cómo se decidía su futuro.
“Todo lo que tengo ahora se lo debo a la institución”, relató una de las usuarias, quien con un pequeño invernadero de 3×6 metros logró educar a sus hijos tras quedar sola. Para estos vecinos, Prodesal no es un papel sobre un escritorio; es el soporte que gestiona operativos de salud, ayudas sociales y el bono de capital de trabajo (entre 150 y 300 mil pesos) que marca la diferencia entre la siembra y la nada.
Carrera contra el reloj y el sentido común
El tiempo no espera a la burocracia. Si el convenio no se ratifica antes de que termine enero, se retrasarán los sueldos de los técnicos y, lo que es peor, los agricultores perderán la ventana de postulación a proyectos clave que cierra en febrero.
Ante este panorama, el alcalde González ha anunciado un plan de contingencia: reenviará el proyecto, citará a una comisión de trabajo el miércoles y convocará a una sesión extraordinaria este viernes por la mañana. La meta es clara: aprobar antes de febrero para que los fondos de INDAP lleguen a tiempo.
Por ahora, los pequeños agricultores de Placilla permanecen en estado de alerta, esperando que en la próxima sesión el sentido común logre, finalmente, ganarle la partida al cálculo político.
Comentarios
Noticias recientes
Más Leídas