En una sesión extraordinaria de más de una hora que tuvo de todo —pancartas, agricultores con la esperanza en vilo y un aire de tensión digno de final de teleserie de alto presupuesto—, el Concejo Municipal de Placilla decidió que 290 pequeños agricultores pueden permitirse el lujo de esperar. A pesar de que el convenio INDAP-Prodesal2026-2029 representa el oxígeno más puro de la economía local, la mayoría del cuerpo colegiado prefirió enredarse en el nudo ciego de los artículos, los incisos y las sospechas de pasillo, dejando el campo en una pausa indefinida que nadie pidió.
La paradoja del «apoyo» incondicional
Lo vivido en Placilla fue poético, en el sentido más trágico de la palabra: todos los concejales juraron amor eterno a los campesinos frente a las cámaras, pero a la hora de levantar la mano, el romance se enfrió súbitamente. Bajo la mirada atenta de quienes efectivamente ensucian sus manos con la tierra, el convenio fue «estrangulado» por un empate técnico que bloquea recursos críticos.
Ariel Nuñez Gonzalez, coordinador de PRODESAL, intentó inyectar una dosis de realidad a la sala. Recordó que solo en 2025 se gestionaron 252 millones de pesos para los usuarios. Explicó que pasar a los funcionarios al Código del Trabajo no es un capricho administrativo ni una conspiración, sino una directriz nacional para que los técnicos tengan derecho a algo tan «exótico» como enfermarse, tener previsión o gozar de vacaciones sin perder el sueldo.
El desfile de la sospecha
El alcalde Marcelo González, intentó apagar el incendio de la probidad con papeles en mano, aclarando que la funcionaria cuestionada llegó mucho antes que el DIDECO y que existen documentos de abstención formal desde 2024. Pero en el mundo de la sospecha política, un papel del informe a la Contraloría parece valer menos que un rumor mal intencionado. Los argumentos de la oposición fueron dignos de un estudio de entomología política:
Bastián Palominos: En su rol de fiscalizador incansable, exigió pronunciamientos jurídicos por escrito. Al parecer, las explicaciones verbales se las lleva el viento.
Francisco Catalán: Sacó la «calculadora del terror». Le preocupa tanto que, en un hipotético escenario dentro de 11 años, la municipalidad deba pagar una indemnización millonaria, que prefiere que hoy mismo los agricultores se queden sin proyectos de riego.
Manuel González: Se abstuvo porque una de las técnicas es la madre de su hijo. Una honestidad que, casualmente, sirvió para bloquear el quórum necesario.
Daniela Díaz: Se quejó de la falta de quórum en comisiones y criticó que se deleguen funciones para evitar conflictos de interés. Al parecer, para ella la solución no es la transparencia, sino simplemente paralizar el trabajo.
En la otra vereda, Gervacio Galaz intentó recordar que Placilla se lleva el 52% de los recursos regionales gracias a la eficiencia de este equipo técnico. Por su parte, Paula Bustamante pidió cordura: las leyes de maternidad existen más allá de los contratos y no deberían ser usadas como «piedra de tope» para castigar a familias que dependen de la asesoría técnica para sobrevivir.
Tras dos rondas de votación, el marcador quedó en un gélido 3 a 3. Un empate que, en la práctica, es un portazo en la cara del sector rural.
¿Fiscalizadores o infractores?
La ironía se cuenta sola. Los mismos concejales que exigían «cumplimiento estricto de la ley», hoy parecen haber olvidado su obligación más básica: asistir a trabajar. A pesar de ser citados a nueva sesión extraordinaria este vienes, no asistieron y tampoco enviaron excusas formales, así fue ratificado por el alcalde Marcelo González.
La ausencia inexcusable en sesiones clave abre la puerta a una posible figura del «notable abandono de deberes». Aquellos que bloqueaban el programa para «cuidar el patrimonio», ahora arriesgan su propia permanencia por impedir que el municipio cumpla sus fines. Mientras tanto, el campo sigue esperando, porque las plantas no entienden de quórums, solo de temporadas que no esperan a nadie.
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