Una ex Ministra de la Corte Suprema tras las rejas. No es una serie de TV, es la infiltración de la justicia chilena la que se sentará en el banquillo de los imputados.
¿Espectáculo o justicia?
Énfasis más o menos, después del desafuero en el caso Vivanco o la trama de la Muñeca Bielorrusa, todos sabíamos que sería detenida, pero fue con innecesaria publicidad.
Desde el Gobierno este hecho fue calificado como un golpe institucional muy severo. Legisladores la han referido como un hecho grave que evidencia la necesidad de profundizar en la probidad del sistema de justicia. Los gremios empresariales han subrayado que para el desarrollo económico es vital que los fallos se fundamenten en criterios legales y no por influencias externas.
La corrupción es un desafío que amenaza las bases de nuestra convivencia, la forma en que nos organizamos, las reglas que nos damos. Cuando se corrompe el sistema se atacan las reglas del juego que la sociedad se ha dado, degradando la estructura misma de nuestra organización social.
Es un modo de ataque brutal al principio de probidad y a la confianza pública, el impacto ético de la corrupción es devastador.
El cohecho, el soborno y el lavado de activos no sólo son delitos que atacan al Estado, también a la economía. El caso no se juzgará por el nuevo estatuto porque la sentencia que desata la trama bielorrusa es de 4 de julio de 2023 y la ley de delitos económicos se publicó un mes y medio después. Pero sí le resultan aplicables las reglas de la 20.393.
¿Y el negocio de la corrupción?
Seguimos esperando que el Ministerio Público lleve ante el Tribunal a los «emprendedores del delito». Todos los que están detrás de los abogados formalizados y quienes proveyeron los fondos con que se pagó las coimas utilizan el mecanismo como un modelo de gestión encubierto. Ellos financian la corrupción y generan un nuevo mercado ilícito, el de la venta de sentencias. La justicia debe seguir el rastro del dinero. Debe ver la red de delitos detrás de las fachadas, los trajes ejecutivos y escritorios lujosos, donde se decide la traición a los principios.
La lucha contra la corrupción exige que la probidad pública sea un deber reforzado. No sólo ético, también moral, se trata de un esfuerzo superior porque cada contrato, licitación, acto administrativo o fallo, aseguren que el Derecho prevalezca sobre la ambición desmedida, la trampa, el crimen. La probidad está decretada, ahora debe ser exigida. Esa exigencia sólo será efectiva si viene de una ciudadanía decidida a dejar de ser espectadora pasiva del deterioro de su propio Estado.
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