El 31 de enero culmina el plazo para que las empresas que contabilizan desde 100 trabajadores o más, informen vía electrónica a al Dirección del Trabajo acerca de su cumplimiento anual de la Ley de Inclusión Laboral (Ley N°21.015), normativa que obliga a destinar al menos el 1% de la dotación a personas con discapacidad o beneficiarias de pensión de invalidez.
Según datos de la Dirección del Trabajo, en la Región de O’Higgins se han registrado 1.717 contratos bajo este marco normativo, beneficiando a 1.253 personas en situación de discapacidad que han accedido al empleo formal.
Las cifras ubican a la región en el cuarto lugar a nivel nacional en cuanto a número de contratos asociados a esta obligación, con 198 empresas que mantienen contratos vigentes bajo la normativa, concentradas principalmente en sectores como agroindustria, minería y servicios.
En la práctica, la ley establece que al haber razones fundadas que impidan la contratación directa, ya sea por factores como el tipo de tareas o la inexistencia de postulantes a los cargos, las empresas pueden optar por medidas alternativas como la donación de recursos equivalentes a 24 ingresos mínimos por cada cupo no cubierto, los que, de acuerdo a la Ley, son destinados a organizaciones que desarrollen programas de capacitación y fomento del empleo para personas con discapacidad.
En este marco, la Fundación Coanil figura como una de las entidades habilitadas para recibir estos aportes y canalizarlos hacia iniciativas de inclusión laboral, especialmente orientadas a personas con discapacidad intelectual. “Creemos que es fundamental que las empresas cumplan con la Ley de Inclusión Laboral, porque solo así es posible avanzar hacia una sociedad más justa e inclusiva”, señaló Nicolás Fehlandt, gerente general de Coanil, fundación con más de 50 años de trayectoria en el país.
Desde la fundación subrayan que estas alternativas permiten generar impacto social y apoyar procesos de inserción laboral, en un contexto marcado por el vencimiento del plazo legal y la obligación de reportar ante la autoridad laboral sobre el requerimiento legal.
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