El Senado aprobó a tercer trámite constitucional el proyecto de ley de reajuste al sector público, luego de aprobar el incremento salarial y volver a rechazar las denominadas “normas de amarre”, impulsadas por el actual gobierno para otorgar mayor estabilidad los funcionarios a contrata. De esta manera, la iniciativa retorna a la Cámara de Diputadas y Diputados para su revisión final.
En concreto, el proyecto se distingue por un reajuste total de 3,4% para las remuneraciones del sector público, aplicado de forma escalonada con un pago retroactivo del 2% aplicado desde el 1 de diciembre de 2025, y un 1,4% pagadero desde el 1 de junio de 2026. Adicionalmente, se contempla la actualización de aguinaldos, y bonos asociados.
La propuesta fue respaldada por el Ejecutivo como parte del acuerdo alcanzado con la Mesa del Sector Público compuesta por la CUT y ANEF en diciembre pasado. Pese a esto, durante su tramitación la Sala volvió a descartar artículos relacionados con la estabilidad laboral, límites a despidos y otras materias ajenas al reajuste estrictamente salarial.
Estas disposiciones fueron cuestionadas por parlamentarios de oposición, que las calificaron como impropias de una ley de reajuste. La ANEF y la CUT declararon sus críticas al resultado, acusando un retroceso en compromisos laborales.
En paralelo, el debate tomó los reparos de organismos técnicos como la Contraloría y el Consejo Fiscal Autónomo, que advirtieron sobre el uso de recursos presupuestarios destinados a emergencias para financiar parte del reajuste, aunque finalmente no derivaron en mayores modificaciones al proyecto aprobado que ahora enfrenta su tercer trámite.
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