La llamada ley Alberto consiste en establecer controles de drogas obligatorios cada seis meses para los conductores de transporte público y privado de pasajeros. La iniciativa recibió la urgencia del Gobierno, tras recientes accidentes fatales donde se han visto involucrados choferes bajo la influencia de sustancias, apuntando a incrementar los estándares de seguridad en el sector.
Wilson Rivas, gerente de Bus Expreso Rancagua, valoró la iniciativa y aseguró que la seguridad debe ser prioridad en la industria. “El tema de la seguridad es un tema que a toda empresa debe causarle atención y preocupación, sobre todo la empresa de transporte donde nosotros transportamos pasajeros, no transportamos carga”, señaló.
En esa línea, el ejecutivo del transporte de pasajeros agregó que “cualquier medida que vaya a generar una regulación que permita a todas las empresas mejorar su estándar de seguridad, para nosotros, bienvenido”.
El proyecto establece que el costo de los exámenes recaerá en las empresas. Consultado al respecto, Rivas indicó que “me imagino que los precios asociados a estos exámenes deben estar seguramente pasando por un proceso de licitación donde van empresas que van a participar de estos procesos de mediciones”.
Sobre la frecuencia de los controles, el responsable de la línea 100 de la capital regional consideró que seis meses es un plazo adecuado, debido a que los controles técnicos de las máquinas ya cumplen con dicha periodicidad: “yo encuentro que es un periodo prudente, me parece razonable, porque al igual que las inspecciones que nosotros tenemos que hacer a nuestros vehículos de transporte público pasajero, son también cada seis meses”, explicó.
Rivas reconoció que su empresa ya realiza controles aleatorios de alcoholemia, pero no de drogas. “Con respecto al tema droga, es un tema que tenemos que incorporar dentro de nuestros planes de ejecución, pero si esto también pasa por un proyecto de ley, para nosotros es más regulado”, sostuvo.
El gerente también advirtió sobre la escasez de conductores profesionales, lo que ha llevado a algunas compañías a relajar requisitos básicos. “Muchas empresas, ante esa necesidad, hoy día bajan los estándares de seguridad o de conductores que reclutan, porque hay una presión de servicios que se debe cumplir”, afirmó, apuntando a los controles del transporte de trabajadores agrícolas de temporada.
Por su parte, Bastián L., estudiante de la universidad de O’Higgins y usuario regular de la línea Manzanal 400, considera el avance regulatorio como un paso positivo: “yo creo que es una medida necesaria porque bueno, al menos en la región en la que estamos nosotros, quizás no se ve mucho de conductores drogados, al menos en la línea que ocupo yo, pero se sabe que en las regiones como la de Valparaíso, muchos choferes manejan con droga en el cuerpo, curados, con cocaína.”
El usuario es práctico al comparar la exigencia con la criticidad de otros trabajos: “al final hay muchos trabajos que también te piden examen de narcótico antes, dentro de un periodo, esto ayudaría también a evitar mucho accidente, la verdad.” Bastián aprovecha de manifestar una apreciación compartida, según indica, por muchos de sus compañeros de universidad, respecto al estado psicológico de algunos choferes: “es muy sabido que muchos estudiantes que toman locomoción son maltratados por choferes al ocupar su pase escolar, son insultados y uno mismo lo ha vivido. Entonces, que se tomen estas medidas es súper importante.”
Así, la urgencia del proyecto busca responder a la presión social tras muertes evitables y establecer un marco normativo transversal que obligue a todas las empresas a cumplir con los mismos estándares de seguridad en el transporte de pasajeros.
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