La Comisión de Verdad, Justicia y Reparación es un organismo creado por el gobierno de Chile para investigar vulneraciones a niñas, niños y adolescentes (NNA) en residencias del Estado entre 1979 y 2021, período marcado por casos de abuso, negligencia, muertes, desapariciones y adopciones irregulares, abarcando tanto a la dictadura como a gobiernos democráticos, permitiendo evaluar responsabilidades transversales del Estado durante más de cuatro décadas.
De carácter independiente, temporal, autónoma y técnica, su creación responde a obligaciones internacionales suscritas por el país como la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN, ratificada por Chile en 1990), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), y el Comité de Derechos del Niño de la ONU, entre otras, y que exigen investigar, reconocer y reparar cuando el Estado vulnera los derechos de NNA bajo su custodia.
Desde dentro del sistema, funcionarios reconocen que las vulneraciones dentro del Servicio Nacional de Menores (Sename) e instituciones afines no fueron hechos aislados, sino parte de una falla estructural prolongada. Francisco Berríos, trabajador social aún activo en el Sename en la Región de O’Higgins, señaló que “la niñez se trataba de una forma… no como se trata ahora”, y calificó el modelo institucional como “una conducta estructural” que arrastraba décadas de precariedad.
La tarea no es simple. Formalizada por el Decreto Supremo N°150 en febrero de 2025 y con un plazo de funcionamiento de 18 meses, la Comisión Verdad y Niñez está abocada a escuchar los testimonios de un universo estimado en 700 mil personas afectadas entre 1979 y 2021, período desde la creación del Sename hasta su reemplazo institucional por el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (“Mejor Niñez”).
Junto a lo anterior, la labor incluye revisar archivos administrativos, judiciales, sanitarios y de adopciones, identificar patrones de vulneración institucional, acciones que finalmente permitirán proponer al Presidente de la República las medidas de reparación integral y garantías de no repetición.
En cuanto a la recopilación de los testimonios, la Comisión ha dispuesto canales en todo Chile para que las personas puedan aportar sus relatos en condiciones seguras y dignas, instancia facilitada por el sitio oficial www.gob.cl/comisionverdadyninez.
En este marco, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) asumió un rol de observación y acompañamiento. “La institucionalidad de la niñez se crea para proteger a un grupo de especial protección, según los tratados internacionales de derechos humanos”, señala David Bahamondes, jefe regional del INDH en O’Higgins, reafirmando la obligación estatal frente al tema. Para el INDH, la comisión busca una verdad institucional que trascienda la vía penal cuando esta resulta inviable por prescripción o ausencia de pruebas.
Bahamondes recordó la distinción entre delito común y violación a derechos humanos: “Cuando una persona que está obligada a protegerlo, lo agrede, ahí estamos ante la violación de los derechos humanos”, aclara el abogado y máster en Derecho Constitucional, en referencia al rol del Estado y sus funcionarios como garantes de los derechos fundamentales.
Desde su vasta experiencia en materias de Derechos Humanos, Justicia y Estado de Derecho en países en situación de conflicto o postconflicto, Bahamondes asegura que la comisión debe asegurar protocolos para evitar la revictimización y manejar las expectativas de las víctimas.
De esta forma, estima que la reparación debe plantearse sobre estándares integrales. “La reparación no es necesariamente lo que todo el mundo piensa”, dijo Bahamondes, explicando que la restitución implica reconocimiento público, acceso prioritario a salud mental, programas socioeconómicos y medidas simbólicas. También subrayó la necesidad de justicia y medidas de no repetición: “Primero hay que hacer justicia. Segundo, hay que reparar a las víctimas”, señaló.
A quienes deseen declarar, el INDH ha recomendado usar los canales oficiales de la comisión o puntos regionales habilitados, exigir consentimiento informado, solicitar acompañamiento psicosocial y pedir protección de identidad cuando exista riesgo.
El INDH insiste en que la verdad institucional es un paso imprescindible para que el Estado reconozca responsabilidades y diseñe reparaciones efectivas. Así, con la recopilación de testimonios que comenzó el 1 de agosto de 2025, el proceso depende ahora de que las personas afectadas se atrevan a contar lo vivido, el Estado está obligado a escuchar.
Comentarios
Noticias recientes
Más Leídas