El presupuesto 2026, el último de la administración del presidente Gabriel Boric, se ha presentado como un ejercicio de prudencia fiscal marcado por un crecimiento del gasto público de apenas el 1,7%. La meta de La Moneda es ambiciosa: reducir el déficit estructural a un -1,1% del PIB. Sin embargo, los esfuerzos por la disciplina presupuestaria han visto un sinnúmero de reacciones relacionadas al escepticismo sobre las cifras oficiales, particularmente entre los expertos y la oposición.
Para la región de O’Higgins, la partida 31 del Proyecto de Ley de Presupuestos 2026 destina cerca de 81 mil millones de pesos, con énfasis en conectividad, desarrollo productivo e innovación regional. Los fondos buscan fortalecer la infraestructura, el transporte y las iniciativas locales que promuevan el crecimiento y la equidad territorial en la región.
En un panorama general del presupuesto nacional, el destacado economista y ex Gerente General de la Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A., Hernán Vega, resumió la visión general al señalar que “el presupuesto 2026, desde una perspectiva global, aparece como un presupuesto con cierto grado de austeridad”.
Según detalló, el ejecutivo “realizó una reestructuración de programas donde muchos dejaron de tener recursos por problemas de focalización o gestión”, sustentando la propuesta en un marco macroeconómico de 90 mil millones de dólares, con un crecimiento proyectado del 2,5% y una inflación de 3,1%.
La principal grieta del proyecto es la confianza. Vega fue categórico: “los errores gruesos cometidos por la Dirección de Presupuestos en los últimos años han dañado la confianza en las cifras oficiales”. Aunque reconoció que Chile sigue siendo responsable a nivel regional, tal como lo comprueba la mantención de las clasificadoras de riesgo internacionales, y que “el riesgo país no ha cambiado”, la sombra del incumplimiento de metas anteriores complica la discusión al interior de las comisiones legislativas.
A este panorama de rigor y duda, se suma la controversia política por la eliminación de la histórica glosa republicana (fondo de libre disposición). Para Vega, la medida es “discutible, porque altera la filosofía con la cual se estructuraban los presupuestos anteriores”, y advirtió que el mecanismo sustituto de reasignación del 1% del gasto “obliga a quitar fondos ya comprometidos, lo que resta flexibilidad al próximo gobierno”.
El Presupuesto 2026 es, por ende, un documento que equilibra la disciplina fiscal con las promesas de inversión. Su éxito está sujeto a la capacidad del Gobierno para restaurar la confianza perdida en la gestión de sus proyecciones económicas.
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