Este jueves entró en vigencia la Ley N° 21.768, que introduce modificaciones a la normativa sobre igualdad de oportunidades e inclusión, con el fin de asegurar que personas con discapacidad y quienes ejercen labores de cuidado cuenten con atención preferente en todo tipo de servicios.
La medida, de origen parlamentario, establece que tanto en entidades estatales como privadas se deberán implementar mecanismos que aseguren prioridad en la atención, reduciendo los tiempos de espera y garantizando un trato respetuoso. El beneficio está destinado a dos grupos: Quienes cuenten con credencial o certificado vigente de discapacidad, y sus cuidadores acreditados mediante inscripción en el Registro Nacional de Discapacidad o por otros mecanismos legales.
La nueva legislación define la atención preferente como la adopción de medidas concretas que resguarden la dignidad y promuevan la inclusión. En caso de incumplimiento, se aplicarán sanciones contempladas en la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores, considerándose una vulneración al principio de no discriminación arbitraria.
El proyecto fue promulgado el pasado 24 de septiembre por el Vicepresidente de la República, Álvaro Elizalde, junto a ministros y ministras de las carteras de Desarrollo Social, Economía y Salud. Su entrada en vigor constituye un avance en la consolidación de derechos para más de 2,5 millones de personas con discapacidad en Chile, además de quienes cumplen un rol fundamental como sus cuidadores.
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