Según el último Boletín de Exportaciones del INE, entre enero y julio de 2025, la Región de O’Higgins exportó productos silvoagropecuarios por USD 2.865 millones, consolidándose como el segundo polo exportador regional detrás del sector industrial. La fruta lidera con USD 2.300 millones, representando más del 80% de los envíos regionales. Este dinamismo contrasta con una creciente preocupación por las condiciones laborales en el agro, donde la informalidad alcanza el 40%, según cifras oficiales.
En este contexto de fragilidad, la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) ha advertido una crisis de falta estructural de trabajadores, señalando la necesidad de “regularizar” a los trabajadores migrantes que ya se encuentran en el país y que cumplen con requisitos como tener antecedentes limpios y vínculos laborales o familiares, como forma de asegurar las operaciones del sector.
Sin embargo, en la sesión del 29 de septiembre de la Comisión de Agricultura del Senado, los datos presentados por el subsecretario de Trabajo Pablo Chacón contradijeron la magnitud de la escasez planteada por la SNA. Según lo expuesto por el subsecretario, la Encuesta de Demanda Laboral reporta que el sector “Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca” cuenta con cerca de 500 mil trabajadores, donde de las 244.067 vacantes estimadas para 2024, solo 5.335 no fueron ocupadas (2.2%).
La presidenta de la comisión, la senadora por O’Higgins Alejandra Sepúlveda, señaló al respecto: “No quedó del todo claro la real magnitud del problema que acusa la SNA, con cifras que están agregadas y no permiten identificar la real situación del agro”, planteando la necesidad de invitar a la Comisión a la SNA “para que nos dé la cifra que ellos tienen, porque hay algún grado de discrepancia con el Ejecutivo”.
La senadora Sepúlveda puso el foco en la calidad del empleo al advertir que el 40% de informalidad revela graves incumplimientos laborales. La parlamentaria fue enfática al señalar que el debate va más allá de la disponibilidad: “no solo se trata de contratar extranjeros, sino que, a mi juicio, sobre todo, es determinar la situación laboral de los extranjeros que vienen a cubrir esos puestos de trabajo y la capacidad del Estado por resguardarlos”.
La Comisión concluyó que el problema radica en las condiciones de contratación y en la falta de fiscalización a las empresas subcontratistas, lo que facilita las prácticas informales. Para abordar esta situación, el debate se orientó hacia el perfeccionamiento sobre el uso de la Visa Mercosur, herramienta legal que facilita la contratación formal de mano de obra para labores de temporada.
Este abordaje exige fiscalización efectiva, cumplimiento normativo y responsabilidad social, garantizando la sostenibilidad laboral y productiva de un sector de alto carácter estratégico para la economía de O’Higgins, donde persiste la paradoja de que un sector tan vital para su economía siga apostando su competitividad sobre la base de condiciones laborales precarias para la mano de obra migrante.
Comentarios
Noticias recientes
Más Leídas