La sesión del concejo municipal del 22 de agosto fue el escenario de un intenso debate sobre la necesidad de una auditoría externa para el municipio. Esta petición cobra cada vez más fuerza en un contexto nacional de crecientes exigencias de transparencia y control interno.
El concejal Álvarez, presidente de la Comisión de Fiscalización, inició la discusión al presentar dos «incidentes» clave. En ellos, insistió en que se concretara la auditoría que ya había sido aprobada por unanimidad por el propio concejo.
La solicitud del concejal Álvarez no es un hecho aislado. Se enmarca en una instrucción directa de la Contraloría General de la República. Según lo expuesto en la sesión, la contralora Dorothy Pérez Gutiérrez, a través del oficio número 138346, ordenó a todas las entidades del Estado —incluyendo municipalidades y gobiernos regionales— remitir en un plazo de diez días hábiles las medidas concretas de control interno para prevenir, detectar y sancionar hechos de corrupción e irregularidades.
Por ello, el concejal Álvarez no solo pidió una copia del documento que la administración municipal enviaría a la Contraloría, sino que también solicitó explícitamente que la realización de la auditoría externa aprobada, y la asignación de su presupuesto, se incluyeran como una de esas medidas.
«Este concejo municipal tiene una auditoría externa aprobada por unanimidad», recordó el concejal, subrayando que actualmente están a la espera de un presupuesto o de una reforma presupuestaria para poder llevarla a cabo. Su petición es clara: que la auditoría, considerada una herramienta fundamental para la fiscalización y la transparencia, sea una de las prioridades que el municipio declare y comprometa ante la Contraloría.
La respuesta de la administración
La respuesta del alcalde Pablo Silva a la solicitud reflejó la tensión inherente entre la voluntad de transparencia y las realidades presupuestarias y operativas de la administración. Al principio, el alcalde agradeció al concejal Álvarez por sus planteamientos, abordando primero otras solicitudes. Sin embargo, al tocar el espinoso tema de la auditoría, su tono se volvió más cauteloso.
Respecto a la instrucción de la Contraloría sobre las medidas anticorrupción, el alcalde indicó que el municipio ya está trabajando activamente en ello y que la Contraloría «ha estado viviendo prácticamente aquí en el municipio». Señaló que el organismo fiscalizador está al tanto de «todas las situaciones que ellos investigan, sean o no hechos reñidos con temas de corrupción», y que todos los antecedentes ya están en sus manos. «Me imagino que ya la Contraloría los tiene, pero si hay que mandarlos de nuevo, no hay problema con eso», afirmó, dando a entender que la administración ya mantiene una estrecha relación y un flujo constante de información con el organismo, lo que, a su juicio, podría mitigar la urgencia de nuevas recopilaciones.
No obstante, la discusión sobre la auditoría externa específica solicitada por el concejo tomó un cariz diferente. El alcalde admitió sin rodeos que «las auditorías son costosas». A pesar de este reparo económico, no cerró la puerta por completo a la solicitud: «no hay ningún problema en hacerlo disponiendo de recursos para ello». Sin embargo, esta apertura vino con una condición significativa que subraya el dilema de la administración: la posibilidad de «dejar de hacer algo que sea necesario para la comunidad o postergarlo». Es decir, la ejecución de la auditoría podría implicar sacrificar o retrasar otros proyectos o servicios considerados esenciales para los vecinos, explicó Silva.
Diferentes procedimientos
La discusión culminó con una aclaración fundamental del concejal Álvarez sobre la naturaleza y el alcance de las auditorías. Explicó que la Contraloría General, en general, «audita procesos que no podemos auditar como concejo municipal». En contraste, el concejo se pronuncia sobre «dos materias: la ejecución presupuestaria y el estado financiero del municipio, cosa que rara vez la Contraloría audita por sí misma».
Esta distinción es clave para entender la persistencia del concejo. Mientras la Contraloría se enfoca en la legalidad y regularidad de procesos específicos, la auditoría solicitada por el concejo se centraría en la gestión financiera y presupuestaria global, un ámbito en el que la fiscalización interna del concejo es fundamental y complementaria. El concejal Álvarez citó un caso reciente en el gobierno regional donde se rechazó una auditoría con el argumento de que la Contraloría ya estaba auditando. A esto, respondió con contundencia: «La Contraloría audita más procesos que el estado financiero. Yo creo que son cosas separadas que van de la mano». Concluyó con una afirmación categórica que resumió el sentir del concejo: «Yo creo que podemos hacer ambas, presidente».
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