Una seria crisis ética y administrativa sacude al Hospital de San Fernando. Un grupo de médicos ha presentado una demoledora denuncia formal ante las autoridades de salud, acusando un patrón de graves irregularidades en el Departamento de Ginecología y Obstetricia, las cuales, según afirman, han sido sistemáticamente toleradas por la dirección del establecimiento.
En el centro de las acusaciones está el jefe de dicho servicio, señalado como el principal responsable de un clima de hostilidad y de prácticas que comprometen la seguridad de las pacientes y la probidad administrativa.
Abusos y faltas a la ética
El documento, ingresado el 31 de julio de 2025, expone una serie de faltas que van desde el maltrato laboral y la discriminación hasta la realización de cirugías irregulares y la desvinculación arbitraria de especialistas.
El texto de 8 carillas describe un panorama alarmante. Se acusa al jefe del servicio de mantener una «conducta sostenida de maltrato verbal» hacia sus colegas, con expresiones despectivas y desautorizaciones públicas. Este comportamiento ha motivado reclamos de pacientes y denuncias de acoso laboral amparadas en la reciente Ley Karin (N° 21.643). Los denunciantes sostienen que esto ha creado un «hostigamiento ético», especialmente por la «presión indebida» que se ejerce sobre la aplicación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).
Pero las irregularidades trascienden el trato entre colegas. La denuncia revela un hecho insólito: el 26 de agosto de 2024, la cónyuge del jefe de servicio —y sin vínculo contractual con el hospital— participó en una cirugía ginecológica a una paciente privada en un pabellón público. La situación se volvió más grave cuando la paciente tuvo que ser reintervenida y hospitalizada durante un mes, con todos los costos asumidos por el hospital, lo que vulnera el principio de legalidad.
Recontratación sin concurso y represalias
La denuncia también apunta a un uso discrecional del poder. Se acusa al jefe de Ginecología de designar equipos quirúrgicos de forma arbitraria, excluyendo a los profesionales que han expresado su disenso y privilegiando a otros, como un médico que se recontrató de forma irregular.
Según el documento, este facultativo se acogió a un retiro voluntario con incentivo y fue recontratado el 1 de junio de 2025, apenas semanas después, sin que mediara un concurso público ni la debida justificación técnica. Esta práctica infringe los principios de transparencia y de acceso a cargos públicos.
Los denunciantes también citan casos de lo que consideran «acoso estructural» o represalias indirectas. Un médico subespecialista en infertilidad, por ejemplo, fue excluido del equipo sin un acto administrativo formal, privando a los pacientes de un servicio crítico. Por otro lado, la solicitud de reincorporación de otro profesional con 12 años de trayectoria fue rechazada verbalmente y sin justificación, lo que se considera un castigo por haber denunciado irregularidades.
Los denunciantes no solo exigen la intervención de las autoridades del servicio de salud, sino que también solicitan la movilización de organismos externos como la Contraloría, la Superintendencia de Salud y el Ministerio de la Mujer.
Su objetivo es claro: propiciar una respuesta del Estado «proporcional al daño causado» y evitar que se consolide una «estructura de impunidad y silenciamiento».
Los médicos que presentaron la denuncia advierten que la inacción de la dirección ha consolidado un clima de impunidad que socava la confianza de los funcionarios en los mecanismos de protección. Con su acción, buscan «restablecer la confianza, la dignidad profesional y el tejido ético del equipo de salud» del Hospital de San Fernando.
Respuesta oficial
Los denunciantes no solo exigen la intervención de las autoridades del servicio de salud, sino que también solicitan la movilización de organismos externos como la Contraloría, la Superintendencia de Salud y el Ministerio de la Mujer. Su objetivo es claro: propiciar una respuesta del Estado «proporcional al daño causado» y evitar que se consolide una «estructura de impunidad y silenciamiento».
En respuesta a la denuncia, tanto el Servicio de Salud Regional como el Hospital de San Fernando informaron que la dirección del recinto instruyó un sumario administrativo para esclarecer los hechos. «Dicho proceso se encuentra en curso y, por su carácter, es de naturaleza reservada», señalaron en un comunicado.
«Queremos reafirmar que como Hospital San Fernando actuamos con apego a la normativa vigente, y nuestro compromiso permanente es con la probidad, la transparencia y la entrega de una atención de calidad a nuestros pacientes», concluyeron las autoridades.
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