Por doce votos en contra y un debate que en su mayoría iba orientado a explicar votos negativos, fue rechazada a la iniciativa aprobada en la Comisión de Régimen Interno del Consejo Regional (CORE) O’Higgins realizada el pasado 23 de julio, en la que se había acordado requerir una auditoría externa al Gobierno Regional (GORE) por una mayoría transversal política de 14 de 15 votos afirmativos.
En la instancia se buscaba obtener una evaluación de la ejecución presupuestaria y el estado financiero, la que cubriría el periodo desde el 2021 al 2025, es decir, bajo el liderazgo del gobernador Pablo Silva Amaya, con foco en asignaciones directas, FRIL, FIC y FNDR.
La iniciativa que, finalmente, no vio la luz verde, fue protagonista de un extenso debate entre los consejeros que adujeron diferentes razones para su negativa, entre las que contaron su costo, que cifraron en 200 millones aproximadamente.
Asimismo, que la Contraloría se encontraba realizando alrededor de tres auditorías y que, por lo tanto, no se hacía ‘necesaria’ otra más, considerando que enfrentaban un recorte presupuestario y que esos recursos podrían ser utilizados en otras áreas.
Para explicar la amplia mayoría que obtuvo la iniciativa en la comisión, algunos consejeros argumentaron ‘no tener la suficiente información’ ya que al momento de votar, en esa ocasión, no tenían en antecedente el proceso que está llevando a cabo Contraloría. Además de mencionar que en un año electoral, una auditoría podría utilizarse con fines políticos.
“Creo que no entendemos como consejero las herramientas legales que tenemos”, parte señalando la consejera Rosa Zacconi, quien el plenario argumentó fervientemente a favor.
Enfatiza que “aquí no se trata de oponernos al gobierno regional ni de señalar de que hay algo oscuro, no, es todo lo contrario, quienes mejor pueden valorar una auditoría externa son los servicios, los mismos funcionarios, porque una auditoría externa les entrega una mirada que puede ser distinta de Contraloría”.
Zacconi, quien cuando terminó la votación consultó la posibilidad de que la iniciativa volviera a comisión para ser revisada e incluso llevada al plenario más adelante obteniendo una respuesta negativa, apuntó que, “perdimos una gran oportunidad para partir de cero con una auditoría”.
Sobre los tiempos en que habrían tenido resultados, la Core sostiene que no hubiese coincidido con el año electoral, ya que “evidentemente no va a salir de inmediato, hay que hacer las bases, promover, por lo tanto la auditoría va a salir a fines de año y vamos a tener resultados bastante después, pero nos va a servir como piso para nosotros cuando salgamos después de cuatro años”.
En tiempos donde la Contraloría ha puesto el ojo en la utilización de los recursos públicos en distintas entidades del Estado, Zacconi manifiesta que “se malentiende el que uno efectivamente trate de fiscalizar. La comunidad, la ciudadanía está atenta a nosotros y de verdad yo siento que la comunidad necesita transparencia y necesita pruebas reales de transparencia. Yo lamento mucho que no se haya aprobado”.
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