A partir del 7 de agosto de 2025, entrará en vigor en Chile La Ley N° 32.323, conocida como la Ley de Protección contra las Llamadas No Deseadas (Spam Telefónico), la cual busca proteger a los usuarios frente a las llamadas telefónicas no deseadas o spam. La normativa establece la obligatoriedad para las empresas de utilizar números con prefijos específicos que permitirán a los ciudadanos identificar con facilidad si una llamada proviene de una entidad con la que mantienen algún contrato o si se trata de una llamada no solicitada o incluso fraudulenta.
La medida, publicada oficialmente en febrero de este año, contempla la creación de dos prefijos diferenciados: El 600, que corresponderá a llamadas comerciales solicitadas o autorizadas por el usuario, y el 809, destinado a identificar las comunicaciones masivas no solicitadas, comúnmente conocidas como spam. De esta forma, los usuarios podrán distinguir de manera inmediata si la llamada tiene fines publicitarios autorizados o si podrían tratarse de intentos de estafa o publicidad no deseada.
Según el Gobierno, las llamadas con prefijo 600 provendrán de empresas con las que el usuario mantiene un contrato vigente, como bancos, aseguradoras o compañías de telecomunicaciones, y que realizan ofertas o información de productos de manera automatizada pero autorizada. En cambio, las llamadas que comiencen con el prefijo 809 corresponderán a comunicaciones masivas que el usuario no ha solicitado ni autorizado, lo que permitirá una mayor seguridad digital y una reducción en la recepción de llamadas fraudulentas o engañosas.
La normativa obliga a las empresas a implementar este sistema dentro de un plazo de seis meses desde su publicación en el Diario Oficial, lo que establece el 7 de agosto como fecha límite para comenzar a utilizar los nuevos prefijos. A partir de esa fecha, quedará prohibido realizar llamadas automatizadas o masivas con cualquier otro tipo de numeración.
Esta iniciativa forma parte de la Agenda de Seguridad Digital impulsada por el Gobierno chileno, que busca resguardar la privacidad y seguridad de las personas frente al creciente uso de las tecnologías de comunicación.
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