La historia de Juan Manuel es de esas que estremecen. Un padre amoroso y presente que perdió el vínculo con su hijo tras una falsa denuncia que lo acusaba de abuso sexual contra el mismo menor. «Me robaron a mi hijo y el Estado no se hace cargo», afirma con voz triste, al tiempo que anuncia que no cesará en hacer todo lo necesario para denunciar irregularidades.
Años de lucha han ido evolucionando a su favor, pero recuerda cómo comenzó todo con un proceso de vinculación de dolorosos años donde, señala Juan Manuel, “me arrebataron al niño que yo conocí”, pues «tras dejar de ver a ese pequeño que dormía con peluches me encontré con un preadolescente».
Relata que todo “fue un infierno”, y que luego de que los informes descartaran que existiera el abuso, decidió interponer una querella en contra del PRM de Pichilemu.
Tras la denuncia en el año 2023, -que fue la cúlmine de una serie de obstrucciones para ver al niño que comenzaron en el año 2018- el menor ingresa al Programa de Protección Especializada en Maltrato y Abuso Sexual Infantil (PRM,) elaborados por la sede de la Corporación Acogida ubicada en Pichilemu , región de O’Higgins.
Y es precisamente sobre este PRM que Juan Manuel realiza una serie de denuncias, las que se establecieron en una querella, ya que el padre apunta a consistentes irregularidades en los informes que se elaboraron sin entrevistar al niño ni realizar exámenes médicos, escritos que contenían errores graves, incluso mencionando a otros menores. “Aparece una niña que presuntamente tiene daño grave”, señala, evidenciando la falta de rigurosidad.
“Reconoce la situación media de la operación de fimosis del niño, pero jamás reconoce que se le debían realizar labores de higiene y cuidados de sus genitales, así como tampoco las irritaciones que tuvo post operación, tampoco que yo en el año 2020 tuve que volver a llevarlo al médico a control debido a la mala higiene que la madre mantenía con el niño”, se detalla en un párrafo del texto legal.
Asimismo apunta que, «era evidente que ella estaba creando una figura maniquea acerca mía de un padre maltratador y abusador. Básicamente se conformaron con el simple relato de ella y sus habilidades parentales, donde claramente yo quedaba como padre abusador y pareja maltratadora y ella como la madre protectora».
En un proceso legal los informes de los PRM configuran una pieza central en los fallos de los jueces de familia, actuando como una suerte de “consejeros”, por lo que su contenido es esencial para la determinación final.
“Todos repudiamos el abuso sexual y eso es indiscutible. Pero del momento en que los informes estén en nombre de otros niños y le dan por verídico el relato de una persona inescrupulosa como esta mujer que hizo lo que hizo, eso me deja ver que son personas que no tienen ética, no tienen moral”, apunta el padre, afirmando tajantemente que «estas personas no pueden trabajar en el sistema”.
Al ser consultado sobre la querella interpuesta y qué busca con ello, sostiene que quiere “reparación y que ellos (quienes elaboran los informes) sean inhabilitados de todos los cargos públicos y cargos que tengan que ver con trabajos con niños. O sea, esto es preponderante para que una causa, una falsa denuncia, prospere. Ellos cooperan para que esto prospere”, sentenció.
“Que otras personas no sean víctimas de la forma como actúa ese PRM”, finaliza.
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