La mañana del 19 de junio parecía una más en la Villa San Agustín de Requínoa, hasta que el sonido de herramientas y la presencia de operarios llamó la atención de los vecinos. En cuestión de minutos, el grupo de WhatsApp vecinal comenzó a llenarse de mensajes inquietos: una empresa había llegado al corazón del barrio para montar una antena de telecomunicaciones -de 12 metros de altura- en la plaza del sector, a pocos metros de las casas. La sorpresa se transformó en alarma.
Los vecinos reaccionaron con rapidez y coordinación. Llamaron a Seguridad Ciudadana, Carabineros y al municipio, logrando paralizar momentáneamente las obras. La comunidad alega que la empresa no contaría con los permisos necesarios ni con autorización municipal. Aún más grave, aseguran que nunca fueron notificados, lo que iría en contra de lo estipulado en la legislación vigente.
María Fernanda Torres, quien pertenece a la junta de vecinos de la Villa San Agustín, comenta que junto con la comunidad lograron reunir 76 firmas para presentarlas frente al municipio y así evitar la construcción de la antena. “Corroboramos en dirección de obras de la municipalidad, donde nos confirmaron que esta antena no tiene la autorización ni de la municipalidad ni menos de los vecinos.” Señaló enfática.
Desde el punto de vista legal, los residentes citan el artículo el artículo 116 bis F letra e) de la Ley 20.599, que obligaría a las empresas a contar con autorización municipal y con un certificado de Correos de Chile que acredite la notificación previa —con al menos 30 días de antelación— a la junta de vecinos y a los propietarios del área afectada. Nada de eso se habría cumplido, según denuncian.
El concejal de Requínoa, José Ramón Parraguez, confirmó la irregularidad del procedimiento: “La Dirección de Obras no ha autorizado esta instalación. La empresa nunca se acercó al municipio a solicitar los permisos correspondientes. Muchas veces las empresas actúan de esta forma, instalan sin permiso y luego pagan la multa. Es una práctica que debe ser detenida”.
Para Mónica Pérez, vecina del sector, la preocupación también pasa por el valor de las viviendas. “Esto nos baja la plusvalía. Aquí somos todos personas de trabajo, nos ha costado mucho tener nuestras casas y mantenerlas bonitas. ¿Y ahora nos ponen una antena a diez metros de nuestras casas?”, reclamó con indignación.

La molestia se acrecienta por los antecedentes del caso. La estructura metálica, de más de 12 metros de altura, fue instalada en julio de 2024. En ese momento, una autoridad local aseguró que su propósito era servir como soporte para cámaras de seguridad. Sin embargo, casi un año después, el escenario cambió con la sorpresiva llegada de trabajadores de una empresa de telecomunicaciones.
La comunidad teme no solo por el impacto estético o económico, sino también por los riesgos físicos que implicaría tener una torre de esas dimensiones tan cerca de sus hogares, especialmente ante la ocurrencia de un sismo.
Al cierre de esta edición, los vecinos advirtieron un nuevo inicio de obras por parte de trabajadores en el lugar, lo que mantiene en alerta a la comunidad. Además, con el objetivo de recabar toda la información necesaria, equipos de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) visitarán durante los próximos días el lugar donde se instaló la torre para fiscalizar en terreno. Todo indica que la disputa por el destino de la torre recién comienza. En la Villa San Agustín, la lucha por ser escuchados continúa.