Este martes se realizó una nueva audiencia en el caso de Juan Ramón Godoy, donde hubo una reformalización, por los cargos que se imputan en calidad de autor de malversación de caudales públicos, fraude al fisco, lavado de activos, delitos tributarios y cohecho agravado y reiterado, ilícitos perpetrados desde que asumió como alcalde de Rancagua, en el año 2021.
Junto a la exautoridad, que por esta causa es el único que se mantiene en prisión preventiva, fueron reformalizados -de acuerdo al documento de la audiencia publicado por el Poder Judicial- como imputados; Diego Barba Oliva, Carlos Rodríguez Cajas, Javier Cornejo Diez de Medina, Óscar Martínez Catalán y David Medina Gutiérrez.
“La reformalización se hizo en relación con toda la causa, todo el contenido de la investigación hasta la fecha”, precisó el abogado querellante, César Zamorano.
El abogado, explica que, “con la prueba que que existe en la carpeta de investigación, y además con la indagación que hizo el Servicio de Impuestos Internos comprobó que efectivamente había facturas de unos con otros, había transferencias, ya había entregas de dinero y otros actos jurídicos que que suponían ingresos para los imputados o las o sus empresas, y esos ingresos no fueron declarados”, añadió.
En la reformalización, se programó además dos audiencias para el mes de julio, los días 7 y 29. “La investigación ya está prácticamente cerrada”, sostiene Zamorano, especificando que el día 7 “esperamos que se cierre”, desde ahí “el Ministerio Público tiene 10 días para levantar la acusación y después los querellantes”.
Zamorano plantea dos escenarios judiciales para Juan Ramón Godoy, el primero es si enfrenta un juicio oral, manteniendo su posición de no aceptar culpabilidad en el perjuicio de más $3 mil millones a la Municipalidad de Rancagua, lo que, lo llevaría a una condena que podría alcanzar los 17 años y 6 meses.
En tanto, de aceptar los cargos que se le imputan, podría acordar un juicio abreviado donde la pena ronde los 8 años, “y estableciendo el perjuicio. De manera de tratar después, el Consejo de Defensa de Estado se encargará de ejercer las acciones civiles para obtener recuperación patrimonial”.
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