La tarde del sábado 7 de junio, Colombia vivió un nuevo episodio de violencia política que estremeció al país: el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, de 39 años, fue baleado mientras se dirigía a un encuentro con simpatizantes en el parque de Modelia, en la localidad de Fontibón, Bogotá.
Uribe, conocido por oposición al gobierno de Gustavo Petro y su cercanía con el expresidente Álvaro Uribe, fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, donde fue sometido a cirugía. La noticia de su estado de salud fue confirmada por su esposa, María Claudia Tarazona, quien a través de sus redes sociales pidió una cadena de oración por su vida. Más tarde, el representante Christian Garcés comunicó las palabras de la esposa del senador tras la operación: “Miguel salió de la cirugía, lo logró».
Según información publicada por el diario El Tiempo, un menor de 15 años fue detenido como presunto autor material del ataque. El adolescente habría sido capturado por miembros del equipo de seguridad del senador y, según registros de cámaras de seguridad, portaba el arma con la que habría disparado contra el político. Durante su detención, el joven habría manifestado que podía identificar a quienes ordenaron el atentado.
Miguel Uribe Turbay es una figura prominente del partido uribista Centro Democrático y uno de los más votados en las elecciones legislativas de 2022.
Su historia personal está marcada por la tragedia: es hijo de la periodista Diana Turbay, secuestrada y asesinada en 1991 por narcotraficantes al servicio de Pablo Escobar, y nieto del expresidente Julio César Turbay, quien gobernó Colombia entre 1978 y 1982.
El ataque ha provocado reacciones de condena desde diversos sectores políticos. La fiscal general Luz Adriana Camargo Garzón calificó el atentado como “una arremetida contra las formas de participación democrática del país”, y pidió a todas las instituciones actuar con urgencia para blindar el proceso electoral de 2026.
En la misma línea, el ministro de Defensa Pedro Sánchez Suárez anunció una recompensa de 3.000 millones de pesos (alrededor de 729.000 dólares) por información que permita capturar a los responsables intelectuales del atentado.
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