La semana pasada, la pauta noticiosa que se enfocaba nuevamente en seguridad y en lo político a los cálculos que se están haciendo de las primarias de junio y su efecto en los candidatos dependiendo de cuántos voten o no, quedó de lado absolutamente con un informe de Contraloría dando cuenta que más de 25 mil funcionarios públicos hicieron uso entre 2023 y 2024 de licencias médicas, lapso en el cual aprovecharon de salir fuera del país presumiblemente de vacaciones, sin cumplir el reposo debido.
A escala local, en O’Higgins algunos parlamentarios hablan de 800 casos principalmente a nivel municipal.
Hoy todos rasgan vestiduras y piden sanciones leoninas como la devolución de los dineros de las licencias, que es dinero del Estado y el despido de los cargos de los involucrados, sin posiblidad que vuelvan a ejercer en el aparato estatal.
Todo lo anterior es solo la punta del iceberg. Porque hoy estamos centrados en los funcionarios municipales, pero esto se extiende también a todo el aparato estatal y si vamos más allá, también encontraremos esta mala praxis laboral en el mundo privado.
Más de alguna vez hemos escuchado de alguien cercano o conocido que se toma una licencia médica para calzar vacaciones o días pendientes o hacer los famosos “sandwichs” cuando hay interferiados.
Es una práctica arraigada en la mayoría de los chilenos, pero no por ello eso la convierte en legal y válida.
El problema hoy es que la cantidad detectada por Contraloría es tan grande que involucra montos cuantiosos y lo peor, estatales. Es la plata de todos.
Aquí hay personas que han cometido la falta; médicos que se han prestado para las irregularidades; jefaturas que han hecho la vista gorda e instituciones que no fiscalizaron en su debido tiempo.
Es un ejemplo más de la decadencia de nuestras instituciones y de cómo también las personas han adoptado prácticas reñidas con la moral y la ética.
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