Este miércoles 28 de mayo, el Gobierno ingresó al Congreso un proyecto de ley que busca permitir la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación. La iniciativa fue anunciada por la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, junto a las autoridades de Salud, Interior y Justicia.
El proyecto responde a un compromiso del presidente Gabriel Boric, quien ya había anunciado mejoras a la actual ley que permite el aborto solo en tres causales. Estas modificaciones ya fueron validadas por la Contraloría y buscan mejorar el acceso de las mujeres a este derecho.
¿Qué propone el proyecto?
La nueva ley busca establecer un marco legal para que las mujeres puedan acceder al aborto dentro de un plazo definido, con acceso a información y atención oportuna en el sistema de salud. Se respetará la objeción de conciencia, tanto personal como institucional, tal como ocurre actualmente.
La ministra Orellana señaló que es momento de dejar de criminalizar a las mujeres que abortan. “Miles de mujeres en Chile han pasado por esto, y el Estado no puede seguir tratándolas como delincuentes”, afirmó, llamando a un debate informado y respetuoso.
Motivos de salud y cifras que preocupan
La ministra de Salud, Ximena Aguilera, destacó que el aborto clandestino sigue siendo una realidad en el país y genera riesgos para la salud de las mujeres. Cada año se hospitalizan más de 20 mil mujeres por complicaciones, y se estima que en la última década hubo cerca de 260 mil casos. Aunque las muertes han disminuido, aún ocurren aproximadamente cuatro al año.
El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, llamó a tener una discusión con altura de miras, basada en evidencia científica y no en prejuicios. Agregó que se trata de un tema que muchas democracias en el mundo ya han discutido y legislado.
Por su parte, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, señaló que el proyecto busca poner fin a la penalización de mujeres que abortan dentro del plazo establecido por la ley.
Avances en derechos reproductivos
En los últimos años, el Gobierno ha impulsado otras medidas en salud sexual y reproductiva, como:
- Atención GES para víctimas de agresiones sexuales agudas.
- Reducción en el precio de anticonceptivos frecuentes.
- Mayor fiscalización de anticonceptivos defectuosos.
- Nuevas coberturas de Fonasa, como el examen de reserva ovárica y tratamiento para la endometriosis.
- Fiscalizaciones a la aplicación de la ley actual de aborto en tres causales.
Desde que esta ley está vigente, más de 6.200 mujeres y niñas han solicitado atención por alguna de las tres causales. El 85% decidió interrumpir su embarazo, y el 15% optó por continuarlo. En casos de violación, muchas de las víctimas tienen solo 13 años, y los centros de salud están obligados a denunciar el delito.
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