En una sesión marcada por la búsqueda de transparencia y orden administrativo, la Comisión de Régimen Interno del Consejo Regional acordó la contratación de una auditoría externa que examinará a fondo la gestión financiera del Gobierno Regional. La medida, que contó con el respaldo unánime de los consejeros presentes en el Plenario, busca evaluar la ejecución presupuestaria y el estado financiero correspondiente al periodo comprendido entre 2021 y 2025.
Los seis pilares de la fiscalización
La auditoría no será general, sino que se centrará en seis ejes fundamentales para garantizar la probidad en el uso de los recursos públicos:
- Gestión financiera y presupuestaria.
- Transferencia de recursos.
- Contratación y licitaciones.
- Control interno y probidad.
- Gestión del personal.
- Ejecución de proyectos.
Durante el debate, la consejera Jaqueline Jorquera enfatizó la necesidad de coordinar con la Unidad de Control y Asesoría Jurídica para unificar criterios legales y asegurar la disponibilidad de fondos para la licitación. Por su parte, el consejero Arenas logró que se retome la práctica de informar trimestralmente sobre todas las asignaciones directas y proyectos ejecutados por el Gobierno Regional.
Análisis de costos y plazos
A pesar de la aprobación unánime, surgieron voces de cautela respecto a la extensión del periodo auditado. Inicialmente, se planteó la inquietud de si abarcar cinco años podría resultar en un proceso demasiado extenso y costoso, sugiriendo priorizar los años más recientes (2023-2025).
Sin embargo, el acuerdo final mantuvo el bloque quinquenal, bajo la premisa de que los antecedentes serán revisados por la Jefatura de Control Interno para una retroalimentación técnica final antes de proceder.
Con la aprobación definitiva de este acuerdo, el Consejo Regional inicia un proceso de revisión profunda que promete arrojar luz sobre la administración de los últimos años, enviando una señal clara de fiscalización hacia la opinión pública.
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