El municipio de Rancagua clausuró el bar Hopfen el pasado viernes por operar sin la patente vigente para la venta de alcohol. La medida se tomó tras una fiscalización que detectó la falta del permiso, lo que llevó a la autoridad a ordenar el cierre del establecimiento, ubicado en pleno centro de la ciudad.
Desde la administración municipal explicaron que la fiscalización forma parte de un plan de control más estricto, destinado a garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y la seguridad ciudadana. La clausura se efectuó en coordinación con Carabineros, quienes respaldaron la medida y aseguraron el orden durante el procedimiento.
Por su parte, el propietario del bar entregó una declaración pública en la que aclaró la situación y desmintió vínculos con una balacera ocurrida recientemente en la zona. Según el comunicado, el incidente violento no sucedió en el local ni en sus inmediaciones, sino en la vía pública y frente a otro establecimiento cercano. La administración del bar subrayó que el hecho fue completamente ajeno a su funcionamiento y que no involucró a clientes ni trabajadores del recinto.
Respecto a la fiscalización, el dueño del establecimiento reconoció que se le cursó una multa por no contar con la patente de alcoholes al día, pero precisó que el trámite de renovación estaba en curso según los procedimientos legales. También señaló que, en el operativo, se intentó decomisar bebidas alcohólicas, aunque el procedimiento no se concretó debido a la falta de un decreto formal de clausura.
El propietario afirmó haber solicitado copia del documento en la municipalidad, donde le informaron que aún no había sido emitido al momento de la fiscalización. Además, indicó que ha enfrentado varias inspecciones en los últimos meses y que ha presentado antecedentes técnicos y jurídicos ante diversas autoridades para acreditar el cumplimiento de normativas urbanas, sanitarias y acústicas.
Mientras el municipio defiende la clausura como parte de su estrategia de recuperación de espacios públicos, el dueño del bar insiste en que el proceso se ajustó a la legalidad y espera resolver la situación para retomar sus actividades. En tanto, la comunidad sigue atenta a la evolución del caso y a las futuras fiscalizaciones en el sector.
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