El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua condenó a A.J.B.R a la pena de cinco años y un día de presidio efectivo, en calidad de autor del delito consumado de maltrato de obra a carabinero de servicio causando lesiones graves, hecho registrado el 12 de marzo de 2024 en la comuna de Rengo.
En fallo unánime, los magistrados Felipe Cortés Ibacache (presidente), María Esperanza Franichevic Pedrals y David Gómez Palma (redactor), dieron por acreditado que ese día, cerca de las 23:00 horas, “los carabineros Raúl Vivanco Yáñez y Freddy González Aguilera sorprendieron al acusado conduciendo una motocicleta por calle Arturo Prat de la comuna de Rengo, sin contar con las placas patentes reglamentarias y sin hacer uso de luces por lo que intentaron fiscalizarlo”.
El acusado “evitó el control dándose a la fuga, iniciándose una persecución policial que terminó en una esquina de la villa Valles de Rengo, lugar en el que A.B opuso resistencia a la fiscalización materializada por Raúl Vivanco Yáñez, con quien forcejea, provocándole una fractura en el cuarto metacarpo de su mano izquierda, lesión que provocó una incapacidad laboral superior a 30 días”.
En la sentencia, el tribunal explicó que el comportamiento del acusado evidencia una clara intención de causar daño: “el actuar materializado por el acusado de forcejear con el carabinero Raúl Vivanco da cuenta de la existencia de un dolo de lesionar, pues no pudo menos que representarse que la acción violenta de oponer resistencia al procedimiento […] podría provocar un resultado lesivo, tal como efectivamente ocurrió”, sostiene el fallo, agregando que ello fue confirmado tanto por la declaración del propio imputado como por el registro audiovisual presentado como prueba.
Dado que no se identificaron atenuantes ni agravantes, y considerando el tipo de lesiones sufridas por el funcionario policial, el tribunal resolvió aplicar “el mínimum de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, por estimarse proporcional a la extensión del daño producido en el carabinero lesionado”.
Además de la pena privativa de libertad, se impuso al sentenciado la inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos, la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, y el pago de las costas del proceso.
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