Indolencia administrativa

Los procedimientos administrativos tienen una razón, no se trata del simple capricho de funcionarios de camisa blanca y mancas negras que las protegen de la tinta, no es sólo la obsesión por timbrar miles de documentos, hay una lógica que busca proteger los recursos de todos los chilenos que son los que administra el Estado, y, en ese sentido, se entiende que se requiera seguirlos escrupulosamente a objeto de que la Ley cumpla el objetivo de cautelar el buen uso de esos recursos.

Sin embargo, el normal y sano celo en ese ámbito no puede significar que los fines u objetivos que se desean alcanzar con las políticas públicas no se logren, y mucho menos puede servir de excusa o para esconder la ineptitud, la irresponsabilidad y la indolencia.

Ejemplos en la materia abundan, mujeres sometidas al riesgo constante de ser asesinadas porque no hay suficientes recursos para fiscalizar el cumplimiento de las, a estas alturas, inocuas, órdenes de alejamiento, miles de familia esperanzadas con que la Ley de Autismo representara un avance sustantivo en la inclusión de quienes tienen esa condición, siguen esperando que los recursos comprometidos aparezcan y que la inclusión en el sistema educativo deje de depender de la buena voluntad de las comunidades, la ciudadanía de Rancagua y Machalí sigue esperando que el Gobierno Regional de O’Higgins y el Ministerio de Obras Públicas dejen de culparse mutuamente y destraben los nudos administrativos que han tenido semiparalizadas las obras de mejoramiento de la Carretera El Cobre por años.

No parece justo ni razonable que quienes más necesitan de las políticas públicas tengan que “tenerle paciencia” a la burocracia estatal, pero deban cumplir escrupulosamente todas las leyes y plazos si no quieren sufrir graves consecuencias.

Cuando vemos un país y una región aterrados ante una ola inclemente de delitos violentos como el asesinato de un matrimonio en Graneros en las últimas semanas, las autoridades políticas se apresuran a enumerar las inversiones y proyectos de Ley aprobados en la materia, sin embargo, parecen olvidar que eso debe implementarse, pues con números y leyes publicadas en el diario oficial la delincuencia no disminuye, ni la seguridad de los chilenos aumenta, y en ese contexto, los reiterados anuncios sobre una sala de monitoreo de televigilancia mediante drones en O’Higgins representa un capítulo más de esta verdadera indolencia administrativa.

Tal vez hay razones legales o administrativas que han complicado la ejecución del proyecto, sería bueno que trataran de explicárselas a los familiares del matrimonio asesinado en Graneros, o los miles de familias secuestradas por el narcotráfico en nuestra región.