La voz de esta madre, tiembla, pero no se quiebra. Su lucha ha sido incansable, sostenida por el amor inquebrantable hacia su hija, una niña de 17 años cuya vida cambió para siempre a los 11, cuando sufrió abuso por parte de un familiar.
Desde que supo la verdad, la madre no ha tenido un solo día de paz. “Lo único que quiero es justicia para mi hija”, repite con desesperación. Pero en vez de respuestas, ha encontrado burocracia, excusas médicas y un juicio que avanza con una lentitud insoportable. Su hija, que solía soñar con un futuro brillante, ahora vive atrapada en el miedo y el trauma.
Un sistema que protege a los agresores
El imputado ha aprovechado cada resquicio del sistema judicial para dilatar el proceso. En mayo de 2024, estaba programada la primera fecha del juicio oral, pero comenzaron los retrasos: licencias médicas, excusas de los abogados y cambios de patrocinio. Se fijó una nueva fecha para noviembre, luego se adelantó a octubre, pero nuevamente surgieron trabas: un testigo clave alegó problemas de salud y el acusado volvió a cambiar de abogado.
Las dilaciones han significado una revictimización constante para la menor. Cada nuevo retraso la obliga a revivir su peor pesadilla, prolongando su sufrimiento y evitando que pueda retomar una vida normal.
En la última instancia, el 21 de octubre, el acusado simplemente no se presentó. La fiscalía pidió que compareciera por videollamada, pero él se negó. Al día siguiente, se dictó una orden de detención y prisión preventiva, pero el agresor desapareció. La policía intentó localizarlo, pero no tuvieron éxito.
“Él desapareció de Rancagua de Santa Elena, fue la PDI, fue carabinero a su domicilio (…) Él revocó patrocinio a los cinco abogados que tenía, y la fiscal junto con todo el equipo de Linares le consiguió un abogado defensor público, para que pudiéramos hacer el juicio. Finalmente nos dieron fecha para el 3 de junio y estoy en espera nuevamente que él pueda nuevamente presentar otra licencia”, comentó la mujer.
El sistema judicial, colapsado y poco eficiente, ha permitido que este individuo manipule las reglas a su favor. A pesar de que la fiscalía ha conseguido un abogado defensor público para garantizar el juicio, la fecha sigue cambiando.
Frente a este caso, la Asociación de Abogadas Feministas comentó que “se hace necesario que la justicia dé las señales correctas y que en la ponderación del derecho de defensa y el derecho de los niños, niñas, adolescentes y mujeres, sean estos últimos los que primen”.
Así mismo mencionan que en estos días falta la ética profesional, dando cuenta de esto las estrategias dilatorias que solo perjudican a la víctima. “No miden el daño causado y la sensación de desprotección, lo anterior sumado a la falta de aplicación de perspectiva de género, desencadena la inevitable tragedia de la disminución de las denuncias, la victimización secundaria pero por sobre todo un sabor amargo a injusticia”
La historia de su hija no es un caso aislado. Es el reflejo de un sistema que, en lugar de proteger a las víctimas, les impone una carga aún mayor. Mientras el agresor sigue libre, una niña sigue esperando la justicia que, hasta ahora, le ha sido negada.
“No todas las mamás llegan al final de este proceso, porque se dilata mucho. Al final nunca llegamos al juicio real. A este individuo le están pidiendo 13 años de cárcel y aún no pasa nada”, finalizó la madre, quien hasta el día de hoy ha recurrido a pegar carteles en distintos lugares para exigir justicia y que su caso sea escuchado.
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