Un total de 485 funcionarios de la Administración Central se mantienen en situación de suspensión preventiva debido a sumarios administrativos, entre el año 2020 y marzo de este 2026, de acuerdo al Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°25 elaborado por la Contraloría General de la República.
Si bien la suspensión preventiva es una herramienta legal, el informe puso el foco en la extensión de estas – un caso se ha mantenido por más de cuatro años-, tiempos en que las personas suspendidas reciben sus remuneraciones.
Según sostiene en el informe de la entidad fiscalizadora, 13 funcionarios permanecían suspendidos desde hace más de cuatro años, mientras que otros 17 acumulaban tres en la misma condición. En total, son 30 los casos que superan los tres años de suspensión preventiva.
La situación más extensa corresponde a un funcionario del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez), cuya suspensión alcanzaba una duración estimada de 4 años y 7 meses. Le siguen casos registrados en el SLEP Santiago Centro, con 4 años y 6 meses, y en el SLEP Atacama, con 4 años y 2 meses.
En el apartado del informe, titulado “servicios públicos con los mayores tiempos de suspensión preventiva”, las entidades son ordenadas desde el mayor tiempo de suspensión al menor, en un listado de 20 instituciones.
Ahí aparecen dos instituciones de la Región de O’Higgins. En el puesto 13 el Hospital de Santa Cruz (3 años y un mes) y en el 15 la Seremia de Energía (2 años y 11 meses).
En primer lugar, consultados sobre la extensión por la que se ha mantenido a la persona en situación de suspensión, desde el Hospital de Santa Cruz declararon a El Tipógrafo que «se trata de un proceso sumarial que se encuentra finalizado y actualmente está en etapa de ratificación ante la Contraloría General de la República».
En tanto, desde la Seremia de Energía O’Higgins señalaron que “no podemos opinar sobre procesos disciplinarios abiertos”.
Tal y como se señala con anterioridad, la suspensión preventiva mientras se desarrolla una investigación disciplinaria está contemplada en el Estatuto Administrativo, sin embargo, el consolidado señala que “cuando los plazos de un sumario se extienden, la autoridad que lo instruyó debe revisar su estado, adoptar medidas para acelerar su tramitación y evaluar eventuales responsabilidades por las demoras”.
Es por esto que la Contraloría instruyó 30 sumarios, para que los sumarios de funcionarios suspendidos por más de tres años dejaran de ser tramitados por los servicios u organismos donde se originaron y pasaran a la entidad para que continúe su tramitación.
De la misma manera, en un plazo de 15 días hábiles, las instituciones que mantengan funcionarios suspendidos preventivamente por más de un año deben informar el término del sumario o argumentar “fundadamente” su continuidad.
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