La Contraloría General de la República emitió el oficio N° E33069/2025, estableciendo nuevas directrices para el manejo de gastos reservados y dejando sin efecto el instructivo vigente desde 2003. La actualización normativa responde a las denuncias que vincularon al exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, con el uso irregular de estos fondos en actividades no especificadas.
Refuerzo en la supervisión de los gastos reservados
El nuevo marco regulatorio restringe la administración de estos recursos a la Presidencia de la República, los ministerios del Interior, Relaciones Exteriores y Defensa, además de las Fuerzas Armadas, Carabineros, la Policía de Investigaciones y la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI).
Entre las principales modificaciones, se establece que las entidades autorizadas deberán identificar, mediante resoluciones reservadas, las unidades operativas que manejarán estos fondos, detallando a sus jefaturas responsables y eventuales subrogantes. Estos documentos deberán ser remitidos a la Contraloría para garantizar un mayor control sobre los funcionarios que acceden a los gastos reservados.
Además, las jefaturas responsables estarán obligadas a presentar una Declaración de Intereses y Patrimonio (DIP), conforme a la Ley de Probidad en la Función Pública (20.880). Este requisito incluirá información detallada sobre cuentas bancarias, seguros y otros activos propios o de familiares directos, con el objetivo de prevenir conflictos de interés y fortalecer la transparencia.
Nuevas exigencias para el manejo de estos fondos
Otro cambio relevante es la obligación de rendir caución por parte de los funcionarios a cargo de estos recursos, alineándose con la Ley Orgánica de la Contraloría (10.336). Esta medida busca prevenir malversaciones y asegurar la responsabilidad financiera de quienes administren los fondos reservados.
Asimismo, las entidades deberán presentar informes semestrales y un consolidado anual sobre el uso de estos recursos, los cuales serán enviados a la Contraloría para su revisión.
El punto clave: control sobre el gasto presidencial y estatal
Uno de los cambios más significativos se encuentra en el punto 3 del instructivo, que establece obligaciones específicas para las entidades autorizadas y sus jefaturas. Esta regulación fija límites claros sobre cómo se deben rendir y justificar estos recursos, afectando directamente al Presidente de la República y a todas las reparticiones estatales que disponen de estos fondos de manera discrecional.
Con esta actualización, la Contraloría busca cerrar vacíos normativos que permitieron el uso poco transparente de estos dineros en el pasado, fortaleciendo la supervisión y rendición de cuentas en un ámbito históricamente difícil de fiscalizar.
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