El medio digital CIPER Chile asegura que una nueva acusación por abuso sexual de menores habría sido interpuesta ante el Ministerio Público en contra de Eduardo Macaya Zanelli. Según información que habría sido confirmada por el departamento de comunicaciones de la Fiscalía Regional de O’Higgins, la denuncia habría sido presentada por representantes del establecimiento educacional en que la víctima sería alumna regular.
El medio investigativo capitalino habría recopilado antecedentes recopilados, que darían cuenta de que tras hacerse público que Macaya estaba siendo investigado por delitos sexuales en contra de menores, educadores de la menor se dieron cuenta que ella también podría haber sido abusada. Así fue como, tras realizar evaluaciones internas y acorde a protocolos determinados por la Superintendencia de Educación, el colegio habría decidido interponer la denuncia.
Fuentes citadas en la investigación de CIPER habrían indicado que la acusación fue ingresada hace varios meses atrás. De hecho, según el medio digital, se esperaba que la menor entregara su testimonio ante el Ministerio Público una vez que terminara el periodo de clases, sin embargo, ello no habría ocurrido aún.
En su publicación, CIPER señala que “no revelará ni la identidad ni el tipo de vínculo entre la menor y Macaya Zanelli, para no dar indicios que permitan individualizar a la denunciante. Tampoco los antecedentes sobre el establecimiento educacional que resolvió presentar el caso a la justicia”.
Según el medio capitalino, desde la Fiscalía Regional de O´Higgins se habría confirmado que la denuncia contra Macaya se encuentra bajo reserva, y se estarían desarrollando diligencias en la investigación.
La condena de Eduardo Macaya
El empresario y padre del senador Javier Macaya ya está condenado a seis años de presidio efectivo como autor de cuatro delitos de abuso sexual contra víctimas que tenían menos de 14 años de edad.
El veredicto condenatorio se conoció el 10 de julio y la sentencia el 19 de julio. Desde entonces, el caso precipitó una serie de hechos políticos y judiciales: entre ellos, la renuncia de Javier Macaya a la presidencia de la UDI tras reconocer que cometió un error al criticar públicamente, en televisión, algunas de las pruebas aceptadas por el tribunal.
Además, se abrió un sumario en Gendarmería y una investigación de la Fiscalía para determinar si, en medio de la primera prisión preventiva que se le decretó -tras la lectura de la sentencia-, y en la que estuvo apenas tres días, el empresario agrícola recibió o no un «trato privilegiado», debido a que estuvo recluido en una unidad médica del penal de Rancagua.
La Segunda Sala de la Corte Suprema desestimó las siete causales de nulidad alegadas por la defensa, en un recurso ulterior dando cuenta que no se advirtió «en ello algún vicio de los que invoca el recurrente» y agregó que «se rechaza el recurso de nulidad deducido por la defensa del sentenciado Eduardo Juan Macaya Zentelli, en contra de la sentencia dictada el diecinueve de julio de dos mil veinticuatro».
La “Ley Macaya”
El revuelo del caso fue tal que diputadas oficialistas ingresaron a la Cámara Baja un proyecto para eliminar la posibilidad de que un juez conceda la libertad bajo fianza a imputados por abusos sexuales contra menores de edad, estimando que ello beneficia sólo a quienes tienen el capital para eludir la cárcel.
La parlamentaria impulsora y representante del distrito 15 de la Región de O’Higgins, Marcela Riquelme, denominó la propuesta como «Ley Macaya» a propósito del caso de Eduardo Macaya Zentilli.
Después de pasar poco más de un mes en prisión preventiva, Macaya fue excarcelado en julio del año 2024, cuando la Corte de Apelaciones de Rancagua determinó aplicarle la cautelar de arresto domiciliario total, previo pago de una caución de 150 millones de pesos.
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