La otra crisis

La polémica jurídica, gremial y política desatada por la decisión de la nueva contralora general de la República, Dorothy Pérez que, mediante un dictamen relativizó la interpretación sostenida por años por el ente contralor en orden a considerar que la renovación sucesiva de las contratas en el sector público importaba que los funcionarios tenían una suerte de legitima expectativa de continuidad o permanencia laboral, la que ahora queda sometida a la decisión, caso a caso de los tribunales de justicia ha terminado, como es habitual, por ocultar la verdadera crisis del sector público.

¿Por qué hay personas en distintas calidades jurídicas contratadas para desempeñar funciones similares en el Estado? Miles de personas pasan años, o hasta décadas en la precariedad de los contratos a honorarios, o en la modalidad “contrata” que sólo dura un año susceptible de ser renovada, otros están vinculados con el Estado a través de un contrato de trabajo y los denominados funcionarios de planta, aquellos que son caricaturizados como inamovibles, son sólo un porcentaje, en algunos casos menor, de todos quienes se desempeñan en el Estado, pero la respuesta a esta interrogante es esquiva, se aducen razones burocráticas y administrativas de escaza o inexistencia lógica y eficiencia, y los platos rotos los pagan quienes laboran día a día al servicio del país y la ciudadanía.

El Estado requiere una profunda reingeniería en su organización, no desde el odioso prejuicio de “cortar grasa” pero sin olvidar tampoco criterios básicos de eficiencia y coherencia, pero por, sobre todo, garantizando la justicia en el tratamiento de quienes dedican su vida al servicio público.

La función pública ha cambiado radicalmente en los últimos años, pero el Estado sigue entrampado en leyes que regulan las “plantas” de cada ministerio, de cada servicio con la “precisión” del siglo pasado, y a nadie parece importarle en el diálogo de sordos de la última polémica.

Una interpretación de la Contraloría, o los fallos judiciales, o incluso una Ley interpretativa que solucione la controversia puntual de las últimas semanas no resuelve el tema de fondo, no garantiza el buen uso de los recursos públicos, ni el eficiente cumplimiento de la función pública, ni tampoco el trato equitativo a quienes se desempeñan en el Estado; Sólo una profunda reforma inspirada en esos principios podría dar cuenta de la otra crisis, esa que muchos simplemente no quieren ver.