Este martes 12 de noviembre, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, junto a nueve futbolistas de Colo Colo, serán formalizados en el Juzgado de Garantía de Santa Cruz, tras una investigación de la Fiscalía de Alta Complejidad de O’Higgins que reveló presuntas irregularidades en la obtención de sus licencias de conducir. La audiencia comenzará a las 10:15 horas, dando inicio a un proceso judicial que involucra tanto a figuras deportivas como a autoridades.
El caso, que tuvo su origen en una investigación del Ministerio Público, también incluye al alcalde electo de Nancagua, Aníbal Valenzuela, quien estuvo en prisión preventiva debido a las acusaciones de cohecho y emisión indebida de licencias de conducir. Además de Mosa, serán formalizados los jugadores Alan Saldivia, Daniel Gutiérrez, Diego Plaza, Dylan Portilla, Eduardo Villanueva, Lucas Soto, Marcos Bolados, Maximiliano Falcón y Óscar Opazo, quienes, según la acusación, obtuvieron el documento sin cumplir con los exámenes y trámites requeridos.
El fiscal Javier Von Bischoffshausen detalló que ninguno de los jugadores acudió personalmente al Departamento de Tránsito de Nancagua para realizar los exámenes psicotécnicos y teóricos obligatorios. «Los involucrados nunca se presentaron en la comuna; las licencias les fueron enviadas directamente a su lugar de trabajo», indicó el persecutor, precisando que las irregularidades habrían ocurrido entre 2016 y 2022.
El abogado defensor de los jugadores de Colo Colo, Matías Kunsemuller, argumentó que la investigación no sugiere que los futbolistas hayan incurrido en sobornos ni en cohecho. «Esta causa se centra en la obtención de una licencia sin cumplir los requisitos legales, pero no implica un delito de cohecho», explicó Kunsemuller, destacando que sus representados han colaborado plenamente, entregando sus licencias y participando en las pericias caligráficas solicitadas por la fiscalía. .
La audiencia de formalización definirá el curso de la investigación, con posibles penas que podrían alcanzar hasta diez años de prisión para el alcalde electo. La situación de los jugadores, sin embargo, podría derivar en sanciones menores al no haber pruebas de sobornos o amenazas en su contra.
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