El pasado lunes, los consejeros regionales Lennin Arroyo y Mauricio Valderrama, junto al abogado Luis Felipe León, acudieron a la Fiscalía Regional de Rancagua para solicitar una investigación sobre presuntas irregularidades en la licitación del mejoramiento del sistema de televigilancia en la comuna de San Fernando. Según los denunciantes, el gobernador regional Pablo Silva Maya habría intervenido indebidamente en el proceso, solicitando al alcalde Pablo Silva Pérez la suspensión de la licitación, lo que ha generado un tenso intercambio entre las autoridades.
Defensa del alcalde Pablo Silva Pérez
En respuesta a estas acusaciones, el alcalde Pablo Silva Pérez compareció ante la Fiscalía, acompañado de su asesor jurídico, José Palomino. El edil manifestó su sorpresa ante las acusaciones del gobernador y defendió la transparencia del proceso licitatorio. Silva Pérez señaló que la intervención del gobernador carece de fundamentos y que el proceso ha sido llevado adelante de manera rigurosa, con el pleno cumplimiento de las normativas vigentes.
“El gobernador dice que las bases no coinciden con la ficha técnica, pero esas mismas bases fueron visadas por ellos. Pudieron habernos hecho observaciones, pero no las hicieron, y seguimos adelante con el proceso”, aseguró el alcalde Silva Pérez, subrayando que la administración municipal ha actuado con total transparencia y apego a las leyes.
El edil también expresó que la solicitud del gobernador de invalidar el proceso fue realizada de manera informal, en una reunión donde se le pidió detener la licitación. “No puedo bajar un proceso que corre independiente, donde los alcaldes o las autoridades no tienen injerencia. Si lo hiciera, enfrentaríamos problemas legales con las empresas participantes”, añadió el alcalde.
El proceso licitatorio y la denuncia
José Palomino, asesor jurídico de la municipalidad, también explicó que la licitación se ha llevado a cabo bajo estrictos parámetros técnicos y que ninguna de las empresas participantes ha presentado reclamos formales. “El proceso está en curso, esperando ser adjudicado. Las bases han sido respetadas íntegramente, y no ha habido ninguna intervención indebida por parte de las autoridades municipales”, afirmó Palomino.
El abogado también destacó que cualquier intervención en el proceso de licitación debe ser formal y a través de los canales administrativos pertinentes, lo cual no ha ocurrido en este caso. Según Palomino, las declaraciones del gobernador son conjeturas y carecen de pruebas concretas que justifiquen la suspensión del proceso.
Por su parte, el consejero regional Lennin Arroyo, uno de los denunciantes, reiteró la importancia de la transparencia en este tipo de procedimientos y pidió al gobernador que presente las pruebas de las supuestas irregularidades. “Queremos que Pablo Silva Maya entregue los antecedentes en la Fiscalía, porque no vamos a aceptar que se presione indebidamente a un alcalde para detener una licitación”, señaló Arroyo, agregando que el gobernador debe aclarar su relación con una de las empresas involucradas que ha estado enviando correos a las autoridades municipales.
Hostigamiento en medio de la campaña electoral
El alcalde Silva Pérez también sugirió que las acusaciones del gobernador podrían estar motivadas políticamente, en medio de la campaña electoral. “Llama la atención que esto ocurra justo en este periodo de campaña. Nos parece que se pretende empañar el trabajo de una administración que ha sido transparente y ha logrado recuperar a la comuna de San Fernando tras años de deudas”, afirmó el alcalde.
En resumen, la disputa entre el alcalde y el gobernador regional ha alcanzado un punto álgido, con ambas partes enfrentadas en torno a la licitación del sistema de televigilancia. Mientras la Fiscalía continúa con la investigación, las autoridades municipales de San Fernando insisten en la legitimidad del proceso, mientras exigen al gobernador Silva Maya que presente pruebas concretas que respalden sus acusaciones.
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