Cuando hablamos de seguridad, evidentemente la atención se centra en los efectos inmediatos y más graves de los hechos de violencia y delictivos, las trágicas consecuencias de la delincuencia son, o deberían ser, apremiantes para nuestra sociedad. Sin embargo, la crisis de seguridad que vivimos como país y como región, tiene costos asociados que, a veces, no son identificados a simple vista.
Cuando una resolución judicial hace responsable a un comercio por la inseguridad de sus trabajadores, incluso en las afueras del lugar de trabajo, tenemos un problema. Cuando los hechos de violencia y el clima de inseguridad terminan por ahogar barrios comerciales completos y encarcelar a los vecinos de poblaciones y comunas en sus casas mientras la delincuencia campea en las calles, tenemos un problema, que no se cuenta entre las víctimas directas sino más bien en los efectos colaterales que van deteriorando progresiva, silenciosa y dramáticamente la calidad de vida de los habitantes de Chile y O’Higgins en particular.
Uno de esos “daños colaterales” es el aumento en el costo de las viviendas, y en una región, azotada por un inmoral déficit en la materia, el problema es más grave aún.
La construcción es uno de los sectores económicos más sensibles a la contingencia social y política, y se le considera un verdadero termómetro de la salud de una economía. En ese sentido, el aumento de los costos de construcción desencadena efectos nocivos en la sociedad en distintos ámbitos, amplificando las externalidades de la crisis de seguridad.
Los mayores costos redundan en una menor inversión y eso produce una caída en el empleo, la falta de proyectos afecta la oferta de viviendas nuevas, presionando los precios al alza, y una producción más costosa también redunda en un precio final de las viviendas más elevado, encareciendo un ya complejo sueño de miles de familias de nuestro país y afectando gravemente todo el circuito económico del país.
En ese complejo escenario, resulta imperioso que la seguridad sea abordada con una integralidad que se extraña en nuestras autoridades, cuyo discurso, centrado en elementos tecnológicos y financieros, no alcanza a dar cuenta del profundo impacto que la crisis está produciendo en nuestras ciudades y barrios, y la afectación de nuestros ciudadanos, incluso en materia de salud mental.
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