La CGR dio a conocer el informe final N° 247, de 2024, en el que auditó dichos convenios que se suscribieron entre enero de 2015 y diciembre de 2023 con las municipalidades de Antofagasta, Calama, Calera de Tango, Chillán, Copiapó, Graneros, Parral, Peñalolén, Puerto Natales, Quilicura, Quilpué, Quinta Normal y Tocopilla. Esto, para implementar el “Programa de uso compasivo de aceite de cannabis como terapia complementaria para pacientes oncológicos y con epilepsia, entre otras patologías con dolor crónico”, por un total de $423.426.000, de los cuales se entregaron $359.025.625 a la Fundación.
Incumplimiento de los convenios, así como que la falta de permisos oficiales del laboratorio para fabricar el fármaco, fueron algunas de las irregularidades detectó la CGR También se constató que 9 de las 13 municipalidades no recibieron el fitofármaco acordado y dos obtuvieron solo una parte de las dosis, siendo Graneros uno de estos últimos.
A ello, se suma la inexistencia y/o duplicidad de rendiciones en el caso de Puerto Natales, Tocopilla, Parral y Graneros; aceptación de rendiciones de gastos por un monto superior al transferido por las municipalidades de Calama, Copiapó, Peñalolén, Quinta Normal y Graneros; y falta de revisión de las rendiciones o de antecedentes que den cuenta de dicha gestión en los municipios de Calera de Tango, Calama, Copiapó, Graneros y Parral.
Y un aspecto que destaca la auditoría, es que, si bien los convenios y las transferencias de recursos a la Fundación se materializaron entre junio de 2015 y diciembre de 2016, no se tuvo la certeza de que el laboratorio encargado de la elaboración del fitofármaco contara con la autorización del Instituto de Salud Pública (ISP), la que se obtuvo en 2018 para la elaboración provisional de 7.200 dosis.
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