La organización, que representa a un amplio sector de agricultores de la región, reconoce la importancia de las medidas destinadas a proteger el medio ambiente y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. No obstante, advierte sobre el impacto económico que esta normativa podría tener, especialmente en los pequeños y medianos productores agrícolas, quienes conforman el 80% de los agricultores en la zona.
Según la Federación, la implementación de esta normativa podría traducirse en un aumento significativo en los costos de producción debido al incremento del 30% en el precio de la maquinaria agrícola. «Pedimos al gobierno que considere medidas para mitigar este impacto, como incentivos para la adopción de tecnologías más eficientes y sostenibles», señaló Marcelo Fuentes Placencia, presidente de la Federación.
Los agricultores proponen una transición que sea más amigable y equitativa para los productores, subrayando la necesidad de establecer plazos razonables para la implementación de la normativa. De esta manera, los agricultores podrían adaptarse a los nuevos estándares sin comprometer su producción ni su competitividad.
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La Federación de Agricultores enfatiza que su compromiso con la sustentabilidad es firme, pero subraya la importancia de que las políticas ambientales no perjudiquen la viabilidad económica de los agricultores de la región. «Debemos avanzar pensando en el futuro y la sostenibilidad, pero también debemos hacerlo en conjunto», concluyó Fuentes.
La declaración deja en claro la preocupación del sector agrícola en la Región de O’Higgins, un tema que, sin duda, seguirá siendo objeto de debate en los próximos meses a medida que se acerque la fecha de implementación del Decreto N°39.
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