El rubro agrícola está inquieto y preocupado por la entrada en vigencia en octubre de la normativa que regula la maquinaria móvil en el sector agrícola y forestal, incluida en el Decreto Supremo 39, que norma la emisión de gases en los tractores. Esta obligaría a los agricultores, según el secretario ejecutivo de la Sociedad de Fomento Agrícola (SOFO), Carlo Rojas, a adquirir maquinaria un 30% más cara “donde las principales víctimas de esta regulación son los pequeños y medianos productores que concentran el 80% del sector agrícola”.
El dirigente agregó que esta nueva normativa de emisión de gases en tractores “no considera lo golpeada que está la agricultura por la falta de políticas públicas que impulsen el desarrollo del sector, a eso se suma la cantidad de predios que están abandonados, la falta de inversión, la cantidad de gente que tiene que migrar del campo a la ciudad y las regulaciones que van en contra de la actividad productiva como el alza de los insumos, de la energía, etc”.
Estas declaraciones las efectuó el dirigente tras la sesión de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados del 12 agosto, que contó con la participación del ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, y la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas.
Mientras que el presidente de la Federación de Agricultores de O’Higgins, Marcelo Fuentes, junto con reconocer la importancia que tiene proteger el medio ambiente y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para el rubro agrícola, comentó que no se puede obviar el impacto económico que esta normativa tendría en los productores agrícolas de la región, especialmente con los pequeños y medianos.
Fuentes indicó que “esta nueva normativa afectará la competitividad inmediata y aumentará los costos de producción, es por esto que pedimos al gobierno que considere medidas para mitigar este impacto, como incentivos para la adopción de tecnologías más eficientes y sostenibles, pues nuestro compromiso es siempre avanzar pensando en el futuro y la sustentabilidad, pero también que pensemos en conjunto”.
Y agregó que espera que se establezcan plazos razonables para la implementación de la normativa, “que permitan a los productores adaptarse a nuevos estándares, sin afectar su producción”
¿Y el gobierno?
Para el presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara baja, el diputado Jorge Rathgeb, el Gobierno no ha entendido la gravedad de esta situación, al “exigirle al sector un control de gases tan exhaustivo en el sector rural” y fue muy enfático en indicar que “no entendemos cuál es esta tosudez tan grande cuando no hay ninguna ayuda hacia nuestros agricultores para que ellos puedan renovar su maquinaria”.
Rathgeb agregó que “a diferencia de lo que ocurre con la movilización colectiva, donde hay un plan de chatarrización, en el caso de agricultura no lo hay, no hay subsidios para este tipo de cosas, y por lo tanto vemos que los agricultores van a ver aumentado su gasto de producción”.
Un aspecto que preocupó al presidente de la Comisión de Agricultura, es el tema de la seguridad alimentaria, que ha sido un tema primordial de este gobierno, pero que con esta medida “se pone en riesgo y empezamos a depender aún más de la importación de productos, y con ello generamos una situación de inseguridad alimentaria en nuestro país más que seguridad” destacó el diputado.
Mientras que la diputada Carla Morales, comentó que la incertidumbre se ha apoderado del sector ante este cambio de regulación, “principalmente porque se verán obligados a renovar los tractores para cumplir con la norma ambiental”.
Y agregó que “este tipo de modificaciones debe hacerse escuchando también la voz de los sectores involucrados y esperamos que el gobierno entregue alguna alternativa sobre todo pensando en los pequeños agricultores, quizás establecer alguna gradualidad o ampliar los plazos para el cumplimiento, porque esto incluso puede llevar a que haya mayores costos en la producción que finalmente se traspasan a los consumidores”.
La visión del oficialismo
Para el diputado Félix Bugueño, quien integra la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, “respecto a la puesta en marcha del DS 39, desde el ministerio de Medio Ambiente han informado que la normativa ambiental ha contado con gradualidad. Tanto el sector de la construcción como el de la minería ya están cumpliendo con esta normativa desde el 21 de octubre de 2023 y para los tractores agrícolas se les amplió el plazo en uno más, llegando a tres años”.
El representante del distrito 16, fue muy enfático en destacar que la normativa regula solo a la maquinaria nueva registrada a partir del 21 de octubre de 2024, y agregó que “no hay que preocupar a todos los productores quienes pueden seguir operando con la maquinaria actual. En la comisión seguiremos avanzando y dialogando buscando lo mejor para el sector agrícola que es tan relevante para nuestra región y país”.
Por su parte, la senadora Alejandra Sepúlveda comentó que esta restricción obedece al decreto supremo número 39 del 2020 del ministerio del Medio Ambiente, que fue publicado además el 21 de octubre del 2021; y que no dice relación con un proyecto que se haya estudiado, analizado y votado en el Congreso
Y que su fin es reducir las emisiones contaminantes, pero tiene una complicación para los pequeños y medianos agricultores ya que verían encarecido en un 20% la adquisición de tractores.
La senadora Sepúlveda comentó que “el impacto ambiental de los tractores dedicados al rubro agrícola es absolutamente mínimo, por lo tanto, lo que estamos pidiendo al ministerio del Medio Ambiente es la posibilidad de extender el plazo de vigencia de este secreto supremo, especialmente para los tractores de uso agrícola, para los pequeños agricultores, como la posibilidad de hacer una excepción en este tipo de rubro para este tipo de agricultores.”
Una posible solución
Mientras que el diputado Rathgeb, y presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, comentó que “vemos que de parte del Gobierno no hay voluntad, así que estamos trabajando los distintos parlamentarios de esta Comisión con sus asesores o con nuestros asesores para que veamos la manera que a través de un tema legislativo podamos dejar sin efecto esta normativa modificando la ley de origen que le da vida a este decreto u otra forma distinta que nuestros asesores nos puedan sugerir”.
Rathgeb agregó que la tramitación en la comisión debería ser rápida y dependerían de la voluntad que hay en la sala para aprobarla, y agregó que conversó con el presidente de la Comisión de Agricultura del Senado, el senador Rafael Prohens, quien también está pendiente del tema, “y por lo tanto creemos que si pasa la Comisión y posteriormente la Sala de la Cámara en el Senado debería también tener una tramitación más expedita por cuanto hemos ya conversado por este tema con el presidente de la Comisión de Agricultura del Senado y también con el propio presidente del Senado, don José García Romero”.
Comentarios
Noticias recientes
Más Leídas