Durante 2022 la Dirección General de Aguas (DGA) del Ministerio de Obras Públicas O’Higgins cursó 63 multas a diferentes empresas en la región por extracción ilegal de agua, modificación de cauces o construcción de obras sin los permisos adecuados, por 14.063 UTM, lo que equivale a $868.657.447 millones.
Según un comunicado enviado por la Seremi de Obras Públicas, se abrieron 116 expedientes y 122 fueron resueltos, incluidos expedientes de años anteriores.
«Este 2023 se espera un aumento sustantivo de fiscalizaciones gracias al uso de tecnología y mayor despliegue en terreno», indicaron.
La Seremi María de los Ángeles Latorre, precisó que «este año los recursos para la DGA subieron un 19% en inversión y más de un 17% en lo que tiene que ver con las fiscalizaciones en terreno. En tecnología se ha realizado un salto cualitativo en inversión de equipos, como drones, para identificar cambios en cursos de agua, así como también obras que alteren o afecten el recurso hídrico. Esto nos ha permitido aumentar las inspecciones y llegar a áreas donde antes no era posible o no teníamos acceso”.
“El objetivo final no es seguir multando, sino que terminar con la extracción ilegal de agua y que todos tomemos conciencia y podamos aportar en su cuidado, ya que es un recurso imprescindible y lamentablemente cada vez más escaso”, destacó.
Latorre recordó además que el ministro Juan Carlos García anunció que durante el primer trimestre de 2023 se enviará al Congreso un proyecto de ley que busca simplificar y abreviar los tiempos del proceso sancionatorio de fiscalización.
Finalmente, Dayanna Aravena, encargada (s) de la DGA, anunció que durante este verano se iniciará un plan especial de fiscalización en embalses, tranques y lagunas de la región, el que contemplará también la medición de la calidad de las aguas, por primera vez, en época estival.
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