La Corte de Apelaciones de Santiago le ordenó al Ministerio de Salud incluir, bajo las indicaciones del Instituto de Salud Pública (ISP), a los menores de entre seis meses y tres años de edad, en el Programa Nacional de Vacunación contra el Covid.
La medida surgió luego de que el tribunal acogiera el recurso de protección interpuesto por la madre de una niña menor de 3 años a quien le fue negada la vacuna, pese a encontrarse autorizado por el ISP desde agosto de 2022.
Esto, fue calificado por el tribunal como «arbitrario e ilegal», por cuanto se contravienen los derechos del niño y se vulnera la garantía constitucional a la vida y a la integridad física de los menores del grupo etario mencionado.
El fallo sostiene que «es menester proteger el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de todos los niños y niñas que se encuentren en el rango etario que va entre los seis meses y tres años de edad, toda vez que, de acuerdo a las prescripciones del organismo técnico –ISP– resulta conveniente acceder a su inoculación».
La resolución agrega que la Convención de los Derechos del Niño dispone lo siguiente: «los estados partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Estos se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios’”.
La corte sostiene además que «al ser la vacunación vital para impedir la propagación del virus, lo que ha quedado demostrado con la baja en los contagios y en la tasa de mortalidad a raíz de la puesta en marcha de dicho proceso” (…) «no se advierte razón que justifique y legitime la determinación de no incluir en el Programa Nacional de Vacunación al grupo etario antes signado».
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