Por David Pellizzari
El Tipógrafo ha continuado indagando la realidad que se vive en la ribera del río Cachapoal, intervenida ilegalmente por privados que realizan extracción de áridos, escombreras y vertederos irregulares y, por si fuera poco, campamentos y tomas.
Esta peligrosa convivencia tiene numerosas consecuencias negativas para la región y la calidad de vida de nuestras ciudades y su población, sin embargo, es una realidad a la que nos hemos acostumbrado tristemente a través de los años.
La pregunta que surge casi necesaria es, ¿qué han hecho las autoridades responsables ante esta realidad?
Las municipalidades respectivas; el ministerio de Bienes Nacionales; empresas del Estado como Codelco; la superintendencia del Medio Ambiente y la seremi de esa cartera, así como la seremi de Salud son algunos de los entes públicos que surgen como primeras opciones de responsabilidad.
En ese contexto, El Tipógrafo conversó con la seremi de salud de la región de O’Higgins, más precisamente con Víctor Peña, jefe del departamento de acción sanitaria.
Consultado por los numerosos depósitos de escombros (escombreras) y vertederos ilegales en la ribera del Cachapoal y la labor que ha desarrollado la Seremi de Salud en la fiscalización de esos lugares, el funcionario señaló que “el vertedero emplazado en la ribera del Río Cachapoal, sector de la población Dintrans y en otros sectores y comunas, han funcionado por más de 35 años aproximadamente, sin ningún permiso sanitario y menos municipal. Esto ha traído consigo una disposición descontrolada de todo tipo de residuos, incluso peligrosos, con el agravante que esto conlleva para las aguas del Cachapoal, que son utilizadas aguas abajo del vertedero, para la bebida de animales, y el cultivo de productos hortofrutícolas que crecen a ras de suelo”. Agregó que “esta Seremi de Salud ha iniciado históricamente diversos sumarios sanitarios a la Municipalidad de Rancagua, por este vertedero, así como está plenamente vigente una clausura del mismo, pero el sindicato de areneros que explota dicho vertedero, cobrando un arancel para que los inescrupulosos entren a botar sus desechos, continúa”, además Peña apuntó que “también, se han iniciado los sumarios sanitarios a las empresas transportistas que van a dejar estos residuos, así como a las empresas generadoras de los mismos”.
Sobre los resultados que han tenido esos procesos sumariales, Víctor Peña señala que “los resultados son multas asociadas a quienes correspondan las responsabilidades, así como se ha resuelto la medida de Prohibición de Funcionamiento”.
En cuanto a los demás organismo estatales que deberían también pronunciarse sobre estos lugares ilegales, Peña aclara que “cabe hacer notar, que mientras la Municipalidad no tome cartas en el asunto, esta situación no tendrá fin. Y no tan solo es la Municipalidad de Rancagua, está Machalí, Olivar, Requínoa, Doñihue y Coltauco, donde ambas riberas están convertidas en verdaderos vertederos donde inescrupulosos, incluidas empresas, van a botar sus desechos y no los llevan a las Escombreras que están autorizadas y con toda su documentación al día”.
Consultado por los riesgos sanitarios que involucra la convivencia de estos lugares con campamentos y con el río, el funcionario fue claro: “los riesgos sanitarios son múltiples, lo comentaba en un principio, aquí existe un daño al medioambiente, a la flora y fauna del sector y por supuesto que puede afectar a la salud de las personas. Pero nosotros como autoridad sanitaria hemos realizado todo lo que la normativa nos permite en nuestro campo de acción”.
Sobre el tema, y recorriendo la ribera del Cachapoal, El Tipógrafo conversó también con Luis Pinheiro, CEO de la consultora y centro de estudios “Acción Local”.
“El problema representa uno de los mayores riesgos de contaminación para Rancagua, en la ribera del Cachapoal, pues se trata de vertederos ilegales, personas inescrupulosas van en vehículos a botar residuos domiciliarios y escombros de la construcción, generan un impacto negativo en el río. Existen residuos de distintos tipos, y aunque hay lugares certificados para ello, se siguen depositando en estos lugares”, nos señala preocupado el profesional.
“El río es muy importante para la economía de la región y estamos afectándolo gravemente, hay trabajos de aumentos de las defensas fluviales, precisamente porque es posible que un evento climático provoque una crecida del río que podría tener efectos catastróficos para la región al arrastrar por kilómetros los residuos depositados en su ribera”, apunta alarmado Pinheiro mientras señala una maquinaria en el lecho del Cachapoal en un recorrido junto a El Tipógrafo.
Consultado por cómo se ha enfrentado el tema desde lo público explica que ”esta situación es ineficiente desde todo punto de vista, ambientalmente por supuesto, pero también económicamente porque en algún momento estos residuos deberán ser levantados para su disposición final, porque si no se hace permanecerán siglos allí, y eso tendrá un coste exorbitante, y probablemente terminará haciéndolo el Estado”, y agregó que “podemos encontrar partes y piezas de vehículos, por ejemplo, y llama la atención que se pierda la oportunidad de reciclar este tipo de materiales si se dispusiera en el lugar que corresponde, podría haber sido sometido a un proceso de revalorización. Los escombros en estos lugares ilegales nadie los va a ir a recoger, y se pierden oportunidades para el desarrollo de emprendimientos de economía circular, la madera de los palet podría ser reutilizada en chips por ejemplo, revalorizando el material en un nuevo producto”.
El profesional además quiso hacer notar la falta de control y fiscalización y relató que “se llega a ellos sin ningún control real de acceso y mucho menos del tipo de residuos que se depositarán, lo que es gravísimo”.
Sobre la dimensión social del problema, Pinheiro lamentó que “estos lugares conviven, además, con tomas ilegales de terrenos, lo que genera evidentes problemas sanitarios, y luego, quienes viven en ellas generan un negocio en torno a la basura y los escombros, lo que agrega un componente social al problema”.
A la luz de estos antecedentes y testimonios, no cabe sino preguntarse por la acción o inacción de otras autoridades en respuesta a este problema, lo que ahondaremos en próximas ediciones.
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