Sin medidas cautelares y con un plazo de 120 días para la investigación terminó la audiencia de formalización este viernes contra el Juez Luis Barría, tras la denuncia de acoso sexual interpuesta por Margarita Becerra en el año 2020.
De acuerdo con lo expuesto por la Fiscal Carmen Gloria Agurto, el Ministerio Público no habría solicitado cautelares en virtud de que para ello debe realizarse previamente una querella de capítulos, es decir, un procedimiento especial para hacer efectiva la responsabilidad penal contra jueces y fiscales, quienes tienen un fuero especial en virtud de su cargo, lo que hasta ahora no se ha realizado. Tal procedimiento debe sancionarlo la Corte de Apelaciones, mismo tribunal en el que el hoy imputado ejerce sus funciones como Juez Relator.
“No se pueden pedir medidas cautelares mientras no se haya gestionado la querella de capítulos, y la querella de capítulos no se puede gestionar sino después de la formalización, lo que acabamos de realizar; por lo tanto, jurídicamente no procede, en términos objetivos el Ministerio Público (MP) lo tiene claro, y por eso no ha solicitado medidas cautelares el día de hoy”, explicó la fiscal Agurto.
Abogada defensora acusa protección al imputado y acción dilatoria por parte del MP
En conversación telefónica con El Tipógrafo, la abogada defensora, Katherine Villagra, señaló que “es impresentable que se le siga dando protección a una persona que ya tiene sentencia de la misma Corte Suprema, la que acredita los hechos de acoso sexual “.
“Es ilógico que se permitan estas cosas y que además ni siquiera se hayan dado cautelares para poder proteger a las víctimas”, enfatizó Villagra. Además, aseguró que se ha pedido al MP varias diligencias desde abril, las que, según sostuvo, «hasta ahora no se han realizado».
“Está la declaración de una magistrada de la misma jurisdicción, que es testigo y fue solicitada con fecha 27 de abril, y se suponía debía estar resuelta para esta audiencia y le daba más contundencia a los hechos. Eventualmente ella podría ser una víctima”, detalló.
Pero lamentó que “hasta el día de hoy no se ha realizado por parte del MP”.
“Desconozco por qué la fiscal no ha hecho las diligencias que se solicitaron. Por qué tanta demora para una causa tan relevante y con víctimas que tienen un daño ya acreditado, porque incluso la fiscal lo dijo cuando enunció la formalización. No entiendo cómo no se toman las diligencias con la seriedad correspondiente. No se explica por qué no han hecho esas diligencias tan relevantes si no es con un fin dilatorio”, puntualizó.
Cautelares solicitadas por la parte querellante
Durante la audiencia, la abogada defensora había solicitado prisión preventiva y en caso de que no se acogiera esta petición “que el imputado quedara completamente imposibilitado de acercarse a las víctimas en su lugar de trabajo”.
“Precisamente para poder resguardar a las víctimas. Entendemos que el MP no ha decretado y ni siquiera en esta audiencia, medidas cautelares para dar la debida protección (…) Hay circunstancias de que estamos frente a un delito sexual, además existen circunstancias que agravan la responsabilidad penal del imputado”, dijo la abogada Villagra.
Agregó que sus representadas “no se encuentran con ningún tipo de protección” y acotó que ha pedido “en innumerables ocasiones solicitudes de diligencias investigativas para que puedan las otras víctimas obtener protección y resguardo”, lo que, reiteró, hasta ahora no se ha logrado.
“Son funcionarios del mismo poder judicial. En este momento él está laborando a escasos metros de las víctimas en la Corte de Apelaciones de Rancagua y también comparten incluso espacios que podrían ser usados por las mismas víctimas en actividades del Poder Judicial. El juez ni siquiera está suspendido de sus funciones. Nada le impide que se acerque a las víctimas y éstas ni siquiera han tenido protección. Solamente se dieron por 3 meses y luego decidieron no ser renovadas, dejándolas en completo desamparo”, lamentó Villagra.
Además, acusó que “el imputado ha hecho uso de todos sus contactos para eludir el accionar de la justicia”.
Ante esto, el abogado defensor Ángel Valencia, señaló que “hay afirmaciones que son inaceptables y por las cuales eventualmente perseguiremos la responsabilidad legal de la colega querellante”.
“Es inadmisible, es inaceptable y es intolerante que ella sostenga (…) que mi representado ha hecho uso de sus contactos para eludir la acción de la justicia”, dijo y añadió que se le atribuyan a su representado “no solo delitos por los cuales ni siquiera se ha sido formalizado» sino que se hace alusión «a supuestos actos de significación sexual» (…) «y de otros que puedan entenderse dentro del ámbito de la corrupción pública», cuestionó.
Antecedentes
Barría fue denunciado en el 2020 por funcionarias del Poder Judicial, quienes aseguran haber sido acosadas por él en reiteradas oportunidades, con actos que iban desde encerronas, tocamientos, caricias indebidas, miradas lascivas, comentarios inapropiados, hostigamiento y hasta besos a la fuerza.
Fueron cuatro las denunciantes, pero sólo se acreditaron dos víctimas. Por estas denuncias el entonces magistrado del Juzgado de Garantía, ahora relator de la Corte de Apelaciones, fue sancionado en el 2020 luego de un sumario administrativo en el que la Corte de Apelaciones de Rancagua resolvió que si hubo acoso sexual a las funcionarias, lo que fue ratificado por la Corte Suprema.
Tras ello, Barría fue suspendido temporalmente, trasladado de tribunal y se ordenó la reducción de su sueldo a la mitad por tres meses. Esta situación fue considerada como insuficiente por las víctimas, quienes lamentaron que pese a lo vivido debían continuar cerca de su victimario.
A la fecha, suman 20 las denunciantes, pero sólo han sido aceptadas cuatro. La formalización de este viernes fue sólo por la denuncia de una de las víctimas: Margarita Becerra.
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