Con una querella ampliada presentada el 30 de marzo de este año, se suma un nuevo antecedente a la investigación que sigue la Fiscalía Regional en contra el alcalde de la comuna de San Vicente, Jaime González, por los presuntos delitos de fraude al fisco, cohecho y soborno.
A lo ya conocido, se añaden presuntas irregularidades con recursos que habrían sido entregados de forma directa y reiterada, a través de la Ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP), a Susana Pavez, quien se desempeñaba como funcionaria pública en la Corporación de Desarrollo Municipal, presidida por González, y que, además, tal como señala la querella, sería “la actual pareja y conviviente del alcalde”.
Según señala el documento que fue introducido ante el Tribunal de Garantía de San Vicente, en esta oportunidad ambos son señalados en calidad de autores, en grado consumado, por los delitos de fraude al fisco, cohecho y malversación de caudales públicos.
Nuevos antecedentes
De acuerdo con los antecedentes presentados por los querellantes, los recursos que habría recibido la funcionaria en sus liquidaciones de sueldo, no fueron justificados ni acreditados debidamente, según lo que establece la Ley 20.248 que regula todo lo relacionado con las Subvención Escolar Preferencial.
Estos pagos habrían sido recibidos por Pavez de manera reiterada desde el 2017 y hasta el 2020. La situación habría sido cuestionada por la Superintendencia de Educación, entidad que presentó diversas observaciones al respecto, tal y como sostiene la querella.
“Jaime González Ramírez, aprovechando su posición como representante legal y director de la Corporación de Desarrollo Municipal de San Vicente de Tagua Tagua, dirige asignaciones directas por Ley 20.248 y las destina en asignaciones remuneracionales a su pareja Olga Susana Pavez”, explica el documento.
Uno de los abogados que lidera la acción judicial, René Ponce, agregó que “aparte, la Corporación de Educación tiene aproximadamente 5 mil millones de pesos que fueron declarados por la Superintendencia de Educación como no rendidos”.
Estos montos no acreditados pertenecerían a la Ley SEP que otorga recursos del Estado en favor de mejor la calidad y equidad en los establecimientos educacionales para todos los alumnos prioritarios. Según establece la mencionada ley “en caso que dichos recursos no hubiesen sido destinados a la finalidad señalada, deberán ser restituidos, sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal o administrativa que corresponda”.
Los querellantes han señalado que con esta acción judicial esperan se establezcan las responsabilidades en contra de quienes resulten responsables tanto en calidad de autores, como cómplices o encubridores.
Inicios del caso
Fue en 2021 cuando la Fiscalía Local de San Vicente inició esta investigación, tras la denuncia hecha por Guido Carreño y Rosa Zacconi, ex concejales de la comuna, contra el alcalde González y contra un contratista de la zona de nombre Jaime González; a los que se acusó entonces por fraude al fisco, cohecho y soborno.
Este último, se adjudicó aproximadamente 70 millonarios y cuestionados contratos, en muchos de las cuáles sería el único oferente, y cuyos montos suman más de 3 mil millones de pesos.
Además de irregularidades detectadas en el proceso, que guardarían relación con los requisitos necesarios para la adjudicación, uno de los aspectos cuestionados radica en el hecho de que el contratista sería pariente de la actual pareja del alcalde, Susana Pavez.
Entre las principales licitaciones que fueron señaladas como irregulares, y las últimas que obtuvo, destaca el proyecto de recolección de la basura, que fue ganada por Guzmán como persona natural en 2020 y por un lapso de tres años, pese a no cumplir con los requisitos técnicos del proceso. Por este contrato Guzmán recibiría $1.296.000.001.
Otro caso emblemático, guarda relación con los servicios de paisajismo y arquitectura del Parque La Puntilla, con cuyo contrato Guzmán cobraría $878,400.001. El empresario también fue contratado para mantener los jardines del parque por $18.800.000 mensuales.
Todo esto, pese a tener un giro de actividades distinto, tal como se refleja en la página de Impuestos Internos donde figura como “especialista en labores de seguridad privada y construcción de obras menores”.
En ese entonces, los concejales también denunciaron que por el terreno donde se emplaza el referido parque, desde 2019, el municipio paga en calidad de arriendo la cantidad de 45 millones de pesos anuales a un privado. Advirtieron además que en el sitio se han realizado millonarias inversiones con platas públicas sin que existiera al menos un compromiso de compra venta.
Marzo 2022: allanamientos e incautaciones en la municipalidad
En marzo de este año personal de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI realizó un allanamiento tanto a dependencias de la municipalidad como a las residencias de ambos imputados, donde se incautaron discos duros, computadores, celulares y documentación que pudiera aportar al proceso de investigación.
“Ahora se está esperando el resultado de la incautación por parte de la PDI”, aseveró el abogado Ponce. Hasta ahora no se han dado conocer los resultados de las pericias realizadas a dichos equipos y tampoco hay formalizados por los hechos denunciados.
Comentarios
Noticias recientes
Más Leídas