El fiscal nacional, Jorge Abbott, reordenó el mapa de las investigaciones en contra de los ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua Emilio Elgueta y Marcelo Vásquez, indagados por eventual corrupción en fallos judiciales y nombramientos de cargos públicos.
Un tercer juez, Marcelo Albornoz, es objeto de investigación administrativa por parte de la Corte Suprema. Los tres magistrados hoy se encuentran suspendidos de sus funciones.
A través de un comunicado se informó la decisión de Abbott de retirar la investigación desde la Fiscalía de O’Higgins y trasladarla en su totalidad a la Fiscalía Metropolitana Sur.
Esta última repartición del Ministerio Público -hoy a cargo de Raúl Guzmán- llevaba una de las aristas del caso, vinculada a posibles nombramientos ilegales de la hija del ministro Vásquez. Mientras que las causas que hasta hoy eran investigadas en Rancagua tienen relación con prevaricación y enriquecimiento ilícito.
No obstante, la medida se aplica solo hacia el fiscal regional, Emiliano Arias, dado que el persecutor jefe de Alta Complejidad de esta fiscalía, Sergio Moya, continuará en la causa.
De acuerdo a la resolución, “tratándose de investigaciones en que aparecen actualmente como imputadas las mismas personas, resulta eficiente y da mayores garantías a los imputados que la dirección de ambas se mantenga bajo la dirección de una misma fiscalía regional”.
No obstante, argumenta que la decisión de mantener a Moya en el caso, se debe a que “ha estado a cargo de dicha investigación desde su inicio”.
Arias dijo que fue notificado de la decisión a través del comunicado y aseguró que tenía que analizar la resolución “a fin de decidir qué acciones realizaré”.
De esta forma, Abbott responde a tres peticiones sobre esta causa. Una de ellas surgió de la abogada Paula Vial, otra del Consejo de Defensa del Estado (CDE) y una última del propio Arias, quien intentó adelantarse a la medida, al solicitar que la investigación por nombramientos ilegales pasara a la región, lo que finalmente fue desechado.
En su resolución, Abbott también sostuvo que ha existido un conflicto jurídico, pues los jueces y Arias se han interpuesto recursos judiciales solicitando sanciones.
Así, según el jefe del Ministerio Público, esto “obliga, a fin de evitar cuestionamientos sobre la objetividad de la investigación, a disponer que las investigaciones sea dirigidas por otro fiscal regional”.
Con esta decisión, la investigación estará en manos del fiscal Raúl Guzmán hasta el 30 de abril próximo, momento en que dejará de ejercer en la Fiscalía Sur.
Al día siguiente, lo hará como secretario del Senado, cargo en que fue ratificado el martes pasado por los parlamentarios.
Su reemplazo, y la responsabilidad de liderar la investigación, saldrá de la terna entre Tufit Bufadel, fiscal de Maipú; Héctor Barros, fiscal jefe de Puente Alto, y Marcos Pastén, abogado de corte de la misma fiscalía a la que postula.
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