Una de las aristas que están investigando la Fiscalía y la comisión por Listas de Espera de la Cámara de Diputados, busca desentrañar el funcionamiento y responsabilidades que esconde el negocio de las sociedades médicas dentro del Hospital Regional de Rancagua.
Las investigaciones en torno a este conflicto de interés involucran a médicos del recinto de salud que se transforman, a su vez, a través de sociedades médicas, en prestadores de centro asistencial después de su jornada laboral.
En su calidad de presidente de la comisión investigadora, el diputado socialista Juan Luis Castro explicó que “hay una mala práctica histórica, en que los directivos (del Hospital Regional) sucesivamente en las distintas épocas, han ido contratando sociedades médicas para palear las listas GES”.
Es así como “la insuficiencia de horarios de los funcionarios obligó a las autoridades a contratar esos mismos médicos, produciéndose ahí la incompatibilidad”, ya que las intervenciones quirúrgicas las realizaban “médicos funcionarios que en la tarde actuaban como médicos que vendían sus prestaciones al mismo hospital”, detalla el parlamentario.
En ese sentido, Castro explica que “es una situación inaceptable (…) que haya funcionarios del Estado, que a una hora determinada se transforman en prestadores privados para el mismo Estado”.
A esto añade que “en muchos casos las prestaciones se hacían después de las 5 de la tarde, o sea, después del horario habitual del hospital, donde operaban los médicos que eran miembros de estas sociedades prestadoras de cirugías para el establecimiento”.
Por su parte, el diputado Javier Macaya (UDI) calificó como “inaceptables” las irregularidades respecto a las sociedades médicas ya que “reflejan que hay un evidente conflicto de intereses con médicos que trabajan en la salud pública y, al mismo tiempo, son tomadores de decisiones respecto de las cosas que se derivan hacia el sistema privado”.
En ese sentido, Macaya plantea que respecto de este tema “hay responsabilidades políticas evidentes, particularmente del último gobierno”, ya que “cuando uno revisaba la Ley de Presupuestos, que es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, en este caso, del último gobierno de la presidenta Bachelet, hay una evidente responsabilidad política de la presidenta y de la ministra de Salud Carmen Castillo”.
Por lo cual, Macaya es partidario de que “las responsabilidades penales sí se deben perseguir”, por lo cual “esperamos lo más pronto posible que se pueda determinar responsabilidades en esta materia”.
Las medidas para abordar las irregularidades
La actual Ley de Presupuestos permite que los directores de hospitales puedan realizar convenios con sociedades médicas, asunto que se espera modificar.
El funcionamiento de las sociedades médicas al interior de los centros de salud ha sido duramente cuestionada por el ministro Emilio Santelices, quien anunció medidas para terminar con sus prácticas.
El conflicto se origina cuando un médico que actúa como funcionario del recinto hospitalario, cumple una doble función al ser, a la vez, un prestador de servicios privados del centro de salud.
Este conflicto fue detectado en el Hospital Regional de Rancagua, motivo por el cual se están llevando a cabo investigaciones de la Fiscalía y de la comisión por Listas de Espera de la Cámara de Diputados para determinar responsabilidades.
La desaparición de estas sociedades ya es un tema abordado por el Ejecutivo, siendo el propio ministro de Salud, Emilio Santelices, quien anunciara que “no vamos a establecer contratos con sociedades médicas porque seguir implementando esta práctica sólo nos llevaría a que los hospitales públicos se conviertan en mall”.
A su vez, Santelices señala que “en el presupuesto 2019 no vamos a incluir una observación que autorizaba estas sociedades. Vamos a seguir trabajando con los equipos de salud que están fuertemente comprometido y que son la mayoría», recalcó.
Sin embargo señala que «las sociedades médicas podrán existir, lo que no va a existir es que los hospitales y las direcciones de servicios de salud contraten a éstas en reemplazo de los profesionales como personas naturales” ya que “eso en definitiva no va a formar parte de las nuevas prestaciones que hagamos en los hospitales públicos», indicó el Ministro.
Por su parte, el diputado Juan Luis Castro sostiene que el descubrimiento de este conflicto “ha sido un verdadero terremoto, en la forma de hacer la práctica médica, sobre todo en los convenios que se hacían con estas sociedades”.
A juicio de Castro este conflicto de interés se presenta también en otros hospitales del país, ya que según el informe de Contraloría, “son 23 hospitales analizados en Chile en el año 2016 donde ocurre lo mismo”.
Castro concuerda con el Ejecutivo en que la forma de solucionar esto es a través de la eliminación de “una disposición taxativa de la Ley de Presupuestos que hoy día le entrega la franquicia a los directores para hacer estos contratos”.
Por lo cual la forma de erradicar este problema es “suprimirla en la nueva Ley de Presupuestos que se discute a contar de este año en el Congreso”, elemento que se podría modificar previa mayoría simple en ambas cámaras legislativas.
Comentarios
Noticias recientes
Más Leídas