El abogado Mario Barrientos dio a conocer dos cartas de negociación entre las empresas Caval y Silca, donde se discuten detalles que -a su juicio- desestiman la tesis de una estafa en la transacción de los polémicos predios ubicados en Machalí.
El ex alcalde de Rancagua ya prestó declaraciones ante el fiscal regional a cargo del caso, Luis Toledo.
Consultado respecto a si en esa oportunidad dio a conocer los documentos expuestos ayer públicamente, Barrientos señaló que “estos antecedentes yo personalmente no se los entregué cuando fui a declarar (…) yo le conté exactamente lo mismo que le estoy contando a ustedes. Sin las cartas en la mano porque no las tenía en ese momento”.
“Toda esta documentación la entregó Ruta 86 completa al fiscal. Pero sin duda, quiero tomarme la molestia o de ir a hablar con el fiscal y que me reciba o mandarle una carta con estos documentos, diciéndole que esto aclara la situación”, anunció.
Para el abogado, el denominado Caso Caval responde a un “escándalo político” porque “operaciones como éstas se hacen regularmente, si hubiese sido entre dos particulares desconocidos ni se hubiera sabido”, sostuvo.
“El tema es que aquí hay una cuestión política que es perjudicar la imagen de la Presidenta de la República porque es una vendetta por lo del tema Penta. Esto se ha magnificado”, expresó.
Asimismo, fue enfático al señalar que “no puedo entender todavía que se está haciendo una investigación por unos contratos civiles que están con todas las reglas y con toda esta documentación que hay”.
En relación a la querella por estafa interpuesta por Silca, Barrientos añadió que “como estalló este escándalo político, la perspectiva que el plano regulador se modifique va a tomar mucho tiempo y tal vez entendió Hugo Silva que era un negocio no tan brillante como él creía y con esto está tratando de ahorrarse $2 mil millones, tan simple como eso”.