Las comunas de Coínco, Litueche, La Estrella, Marchigüe, Lolol y Pumanque tendrán juzgados de policía local, tras la aprobación del proyecto en la Cámara de Diputados.
Con 102 votos a favor y una abstención, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó las enmiendas introducidas por el Senado al proyecto que crea juzgados de policía local en aquellas municipalidades donde no existen, sumando además otros adicionales en siete comunas.
De esta manera, cinco comunas de la Región del Libertador –Coínco, Litueche, La Estrella, Marchigüe, Lolol y Pumanque– tendrán sus tribunales locales.
La iniciativa legal tuvo su origen en un mensaje del Ejecutivo que se funda en numerosas solicitudes de municipalidades y en el propósito de facilitar el acceso a la justicia de la población que habita en zonas apartadas.
La Ley sobre Organización y Atribuciones de los Juzgados de Policía Local establece que en las comunas donde no existe juez de policía local tales funciones deben desempeñarlas los alcaldes, salvo en aquellas materias que sólo pueden ser conocidas por jueces letrados, en cuyo caso las causas serán conocidas y resueltas por el juzgado de policía local más inmediato a la comuna donde la causa se originó y que cuente con juez abogado, lo que obliga a las personas interesadas a trasladarse para comparecer ante el tribunal competente, con las consecuencias económicas y de tiempo que conllevan tales traslados.
El proyecto original crea juzgados de policía local en las 75 municipalidades del país que actualmente no cuentan con este tipo de tribunal dentro de sus territorios, entre ellas las de la Región del Libertador, e instituye un juzgado de policía local adicional en otras siete comunas en las que los tribunales existentes tienen excesiva carga de trabajo, sumando un total de 82 tribunales.
El proyecto amplía o adecua también, las plantas de personal de las municipalidades involucradas para incorporar los cargos correspondientes y establece que los juzgados se financiarán con cargo al presupuesto de las municipalidades y su instalación requerirá el acuerdo previo del respectivo concejo municipal. El proyecto será ahora remitido al Presidente de la República para que proceda a su publicación como ley o le formule eventuales observaciones.
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