En Chile, la formación técnico profesional no es una alternativa secundaria, sino el corazón del acceso a la educación superior y una respuesta prioritaria a las transformaciones del mercado laboral.
Las cifras lo confirman: el 37,4% de los estudiantes de primer año de la educación superior ingresa a una carrera técnica de nivel superior (SIES, 2026), mientras que el promedio OCDE es de apenas 17% (OCDE, 2025). Si se suman las carreras profesionales sin licenciatura, los Centros de Formación Técnica (CFT) y los Institutos Profesionales (IP) reciben el 56,5% de la matrícula de primer año y reúnen a 613.122 estudiantes, el 44,7% del pregrado nacional. ¿Qué explica esta preferencia?
Quienes optan por el sector buscan una rápida inserción laboral, compatible con el empleo y la vida familiar, y con flexibilidad para volver a las aulas en cada etapa vital. De hecho, la compatibilidad horaria es el primer factor de elección para cerca del 43% de los estudiantes de CFT e IP (FNE, 2026).
La automatización y los cambios productivos aceleran este fenómeno. Se estima que 4,7 millones de trabajadores desempeñan ocupaciones con tareas susceptibles de acelerarse mediante inteligencia artificial generativa (CENIA y SOFOFA, 2024). Junto a la transición energética y el envejecimiento demográfico, la idea de estudiar una sola vez a los 18 años para trabajar toda la vida ha quedado obsoleta. Si en 2009 el 12,2% de la matrícula de CFT e IP tenía 30 años o más, en 2025 esa cifra llegó al 34,5% (SIES, 2025). Son estudiantes trabajadores, cuidadores y personas que buscan reconvertirse: la formación técnico profesional se ha consolidado como el principal motor de aprendizaje a lo largo de la vida en Chile.
Las instituciones han respondido con mayor calidad. El 49,9% de los estudiantes del sector cursa en planteles acreditados en nivel de excelencia (CNA, 2026) y el 93,3% califica su formación como útil para trabajar (VOCES, 2021). Además, el 57% de los profesionales de primera generación egresó de una institución técnico profesional (INACAP, 2023).
Sin embargo, no hay espacio para la complacencia. Más de la mitad de la matrícula de primer año del sector cursa programas con retorno económico estimado negativo (FNE, 2026). Ello exige actualizar la oferta académica y vincularla con los requerimientos productivos de cada región y sector económico.
Por esta razón impulsamos Chile Crece TP, un marco de acción público privado para conectar en tiempo real la oferta formativa con las necesidades de empleo en los territorios. La agenda visibiliza las buenas prácticas regionales, cierra brechas de información y fortalece el vínculo entre empresas, trabajadores e instituciones.
Nuestra responsabilidad como Subsecretaría es entregar reglas claras, información oportuna y políticas públicas basadas en evidencia que promuevan la cooperación entre todos los actores.
