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Puente Negro: Aprueban más de $5.000 millones extra para finalizar obra de alcantarillado


El financiamiento equivale a construir un CESFAM completo, mientras errores municipales le dan ventaja a la empresa constructora en los Tribunales de Justicia.

MARTES, 20 DE OCTUBRE DE 2026
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Publicado por

Abelardo Caroca



La reciente votación en el Consejo Regional concluyó en un ambiente de celebración, donde tanto el gobernador como los consejeros regionales votaron unánimemente a favor de autorizar nuevos fondos para concretar Alcantarillado en Puente Negro, comuna de San Fernando.

La decisión respondió a la presión social de los vecinos que exigen la pronta finalización de los trabajos, evitando así asumir el costo político de votar en contra de un proyecto largamente esperado.

Sin embargo, esta aprobación unánime encubre un cuestionamiento severo: el incremento presupuestario supera los 5.000 millones de pesos adicionales, una suma que equivale al costo total de construir un CESFAM completo para una comuna pequeña de la región. Hay advertencias de evaluadores técnicos que sostienen que los proyectos de la obra no se encuentran actualizados, y por tanto será la municipalidad la responsabilidad de regularizar los antecedentes técnicos.

Detrás de los discursos de triunfo, los plazos reales de ejecución proyectan una prolongada espera. La sola actualización del diseño técnico que debe especificar qué tramos se construirán, cuáles se repararán y qué mejoras se implementarán tomará entre cuatro y seis meses de gestiones ante el Serviu y los organismos revisores.

A esta demora se suma una seria falla administrativa: las servidumbres de paso necesarias para el proyecto fueron registradas a nombre de la Municipalidad de San Fernando, en lugar de inscribirse a favor de la empresa sanitaria Essbio. Al tratarse de un bien público municipal que debe traspasarse a una entidad privada, la operación requiere autorización expresa del Ministerio del Interior, un trámite burocrático que habitualmente demora entre seis meses y un año.

Inflación, petróleo y un presupuesto desfasado

Según expertos en la materia el sustento financiero de la iniciativa presenta fisuras críticas. El presupuesto municipal fue calculado en septiembre de 2025, acumulará una diferencia por IPC cercana al 8% para cuando el proyecto logre salir a licitación.

El problema más complejo radica en los insumos esenciales de la construcción. Los requerimientos clave de la obra son el uso de maquinaria pesada, combustible, neumáticos, asfalto y tuberías derivadas del petróleo han sufrido alzas sustanciales muy superiores al índice de inflación general, incrementos que no están contemplados en el presupuesto actual. Con este panorama, las estimaciones prevén que la licitación recién podrá realizarse hacia marzo o abril de 2027, iniciando obras hacia el fines de 2027 o el año 2028; y si los precios desaniman a las empresas contratistas, el municipio deberá retornar al gobierno a solicitar aún más recursos.

Los 2.000 metros defectuosos y la amenaza judicial de Montec

En el terreno mismo, el estado de la infraestructura es sumamente delicado. Aunque al contratista anterior le restaban únicamente ocho meses de obras, la propia municipalidad Colchaguina, reveló que de los 6.000 metros lineales ejecutados, 2.000 metros están mal hechos y deberán ser demolidos y rehechos. La extracción de este material con maquinaria pesada conlleva el riesgo de desmoronar los terrenos ya excavados y destruir las tuberías existentes con las uñas de las excavadoras.

En el frente legal, la empresa constructora Montec  reactivó su demanda en tribunales contra la municipalidad. La empresa obtuvo la prueba clave de incumplimiento municipal cuando la alcaldía inscribió la expropiación a su propio nombre. Además, la decisión del alcalde de caducar unilateralmente el contrato en lugar de cursar la renuncia presentada por la empresa dejó en posición ventajosa a la constructora, la cual demuestra su solvencia ejecutando simultáneamente otras obras en Pichilemu con la misma fuente de financiamiento y tras haber superado las revisiones del Consejo Regional y la Contraloría.

Ante la disputa por los 2.000 metros defectuosos, se prevé la posibilidad de la realización de un peritaje judicial que, junto con el juez de la causa, podría ordenar la paralización total de cualquier movimiento en la obra hasta que concluyan los peritajes.


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