Tres años después de que su nombre apareciera asociado a una de las aristas del Caso Convenios, el exdirector del Serviu O’Higgins, Manuel Alfaro, fue absuelto por la justicia, poniendo fin a un proceso que, según afirma, afectó gravemente su trayectoria profesional y personal.
El fallo estableció además que el Serviu deberá pagar las costas del juicio, luego de que el tribunal concluyera que el exdirectivo actuó conforme a sus funciones.
Alfaro sostuvo que terminó convertido en una “víctima del Caso Convenios”, al haber sido vinculado a hechos respecto de los cuales asegura no tuvo participación. “El tribunal me da la razón”, afirmó, destacando que durante el proceso quedó acreditado que había cumplido correctamente con sus responsabilidades como director del organismo y donde se le imputaban cargos de negociación incompatible, tráfico de influencia y prevaricación administrativa.
Más allá del resultado judicial, el arquitecto enfatizó que el principal daño fue el tiempo transcurrido y el impacto reputacional que significó enfrentar una querella pública durante tres años.
“¿Quién me devuelve esos tres años, esa mancha en mi currículum?”, planteó, recordando que las acusaciones se mantuvieron en la opinión pública durante un largo período mientras la investigación seguía su curso.
Alfaro insiste en que las decisiones adoptadas durante su gestión contaban con sustento jurídico y que la dirección de la época conocía los antecedentes que respaldaban el actuar institucional.
Consultado sobre si detrás de la acción judicial existió un componente político, el exdirector respondió que esa es su impresión personal.
“Yo creo que sí”, señaló. “No estoy culpando a nadie, pero creo que efectivamente hay un aprovechamiento político detrás de tratar de vincularme a mí con algo que había pasado en el servicio”. Para Alfaro, una de las consecuencias más preocupantes del episodio no fue únicamente la afectación a su imagen, sino también el daño que, a su juicio, puede producirse sobre la confianza ciudadana en las instituciones públicas.
En esa línea, defendió el rol histórico del Serviu y sostuvo que su funcionamiento debe mantenerse alejado de disputas políticas coyunturales. “El servicio tiene que ser algo intachable”, afirmó, agregando que cualquier irregularidad debe investigarse, pero sin transformar al organismo en un espacio de confrontación política.
El exdirector insistió en que el Serviu fue concebido para dar continuidad a las políticas habitacionales más allá de los gobiernos de turno. Por ello, sostuvo que su esencia debe seguir siendo eminentemente técnica.
Actualmente dedicado al ejercicio privado de su profesión como arquitecto, Alfaro aseguró que seguirá colaborando con dirigentes habitacionales y comités de vivienda de la región que requieran orientación. Aun así, reconoce que la querella tuvo efectos concretos en su carrera, ya que durante ese período no pudo postular a cargos de Alta Dirección Pública.
Con la resolución judicial a su favor, el exdirector busca ahora cerrar un capítulo que marcó gran parte de los últimos años de su vida pública y profesional, reivindicando su gestión y reiterando una convicción que mantiene vigente: que el Serviu debe ser un organismo técnico, enfocado exclusivamente en responder a las necesidades habitacionales de la comunidad
