Al cumplirse seis meses del actual período legislativo instalado el 11 de marzo, el desempeño de los representantes del Distrito 15 —Raúl Soto (PPD), Natalia Romero (Ind-UDI), Valentina Cáceres (FA), Fernando Zamorano (PPD) y Fernando Ugarte (Rep)— arroja un balance cuantitativo caracterizado por la disciplina en la asistencia a Sala y una amplia disparidad en el uso de recursos públicos.
En materia de asistencia y puntualidad, todos registran un cumplimiento del 100%, sin ausencias injustificadas en las 67 sesiones computadas del período. Debido a la fórmula de cálculo de la Cámara, las cifras oficiales marcan porcentajes del 101,49% para Soto, Romero, Ugarte y Cáceres, y un 101,59% para Zamorano. Este último porcentaje responde a cuatro ausencias justificadas bajo el Artículo 42 (impedimento grave), las cuales descuentan sesiones del denominador computable. Misma figura reglamentaria registró la diputada Cáceres en cuatro jornadas entre agosto y septiembre.
Disparidad en gastos operacionales
Entre marzo y junio, meses disponibles para el escrutinio público debido al desfase de los procesos internos de rendición y revisión de la Cámara, los cinco diputados ejecutaron en conjunto más de $100 millones de pesos en asignaciones operacionales.
Raúl Soto encabeza el perfil más austero del distrito con una ejecución acumulada de $10.553.932 en cuatro meses, manteniendo el arriendo de sede más económico ($550.000 mensuales). En el extremo opuesto se ubica Fernando Zamorano, con $24.153.245 ejecutados, impulsados por $8,9 millones en mayo y desembolsos de traslación que alcanzaron los $3.041.633 en junio.
Valentina Cáceres acumula $23.483.265, destinando más de $2,1 millones mensuales fijos a reforzar su personal de apoyo. En tanto, Natalia Romero suma $21.061.580, destacando como la parlamentaria que más invierte en difusión y comunicación comunitaria ($2,3 millones mensuales en mayo y junio). Finalmente, Fernando Ugarte registra $20.947.938, con un gasto inicial relevante de $2,99 millones en abril por habilitación y arriendo de su oficina distrital.
El nexo con la política territorial
El hallazgo más significativo de la fiscalización a las planillas de Personal de Apoyo radica en la contratación de autoridades locales en ejercicio registradas ante el SERVEL.
Fernando Zamorano es quien concentra el mayor número de autoridades municipales en su equipo, contemplando a cuatro concejales en ejercicio: Cristian Toledo (Rancagua, $1.845.000), Joaquín Valenzuela (Codegua, $1.100.000), Ricardo Hidalgo (Quinta de Tilcoco, $1.050.000) y Daniela Soto (Machalí, $1.050.000).
Le sigue Raúl Soto, en cuya nómina profesional figuran el consejero regional Alex Ramírez ($1.190.000) y la concejala María Angélica Briones (Rengo, $1.066.000). Valentina Cáceres registra la contratación a honorarios del concejal Eduardo Arriagada (Machalí, $400.000) para asesoría parlamentaria hasta junio de este año, mientras que Fernando Ugarte cuenta en su equipo con el concejal Jesús Orellana (Mostazal, $618.000). Natalia Romero es la única representante del distrito que no incluye autoridades electas en su personal de apoyo.
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