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Fuego cruzado en San Fernando: Alcalde y concejal se enfrentan tras denuncia en Contraloría


Un polémico trato directo de $250 millones y la emisión de un reportaje de Canal 13 desataron un tenso choque, marcado por descalificaciones personales y el anuncio de presentación ante el organismo fiscalizador.

MARTES, 15 DE SEPTIEMBRE DE 2026
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Publicado por

Abelardo Caroca



En la vigésima sexta sesión ordinaria del Concejo Municipal de San Fernando, el alcalde Pablo Silva abrió el debate manifestando su lamento por la emisión de un reportaje de Canal 13. La autoridad sostuvo que el medio televisivo solo recogió una parte menor de la entrevista que le realizaron y anunció que, para garantizar la transparencia, la versión completa fue publicada en el canal municipal de YouTube.

Durante su intervención, Silva recriminó abiertamente al concejal Matías Álvarez por haber participado en dicho reportaje, acusándolo de actuar con el objetivo de «sembrar dudas» sobre un proceso de trato directo de 250 millones de pesos destinado a la cultura y a la fiesta de verano. El jefe comunal enfatizó que este proceso contó con el trabajo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, la aprobación unánime del Concejo Municipal de la época, el cierre de la rendición de cuentas y la revisión de la Contraloría en el Informe N° 11, en el cual no se detectaron irregularidades.

En un tono más confrontacional, el alcalde vinculó el actuar del edil con un sector político ligado a «noticias falsas» y «granjas de bots». Asimismo, cuestionó el arraigo de Álvarez al señalar que hace dos años no vivía en la comuna o solo venía de vacaciones a la residencia familiar en Sierras de Bellavista, e insinuó que sus acusaciones menoscaban la honra de los funcionarios municipales, a quienes habría tildado de «malos asesores».

Para cerrar su postura, Silva defendió la figura del trato directo como una herramienta legal y desafió a que se impulse una modificación a la ley de compras públicas en el Congreso si se considera que su uso constituye un delito. Adicionalmente, dio lectura a respuestas de la Contraloría General de la República que descartaron irregularidades sobre un presunto uso excesivo de su imagen en la actividad del Día de los Dirigentes Sociales del 7 de agosto, así como a un oficio respecto al marco de actuación de los concejales tras la presentación de un vecino por eventos ocurridos durante un sistema frontal.

Fiscalizar sin fecha de vencimiento

A su turno, el concejal Matías Álvarez respondió a las palabras del alcalde, cuestionando en primer lugar las críticas vertidas por la autoridad comunal en una radio local hacia los medios de comunicación. Álvarez encaró al alcalde preguntándole si el actor «poco serio» era el Consejo para la Transparencia, Canal 13 o el propio jefe comunal por sus actuaciones.

El edil rechazó que se ponga en duda su labor de revisión sobre contratos pasados, afirmando de manera categórica que «fiscalizar no tiene fecha de vencimiento». Agregó que la elección de entrevistados en los medios de comunicación no depende de la voluntad del alcalde y enfatizó una distinción conceptual sobre la administración pública: «transparencia no siempre es lo mismo que probidad».

Frente a las alusiones a su vida privada y antecedentes familiares, Álvarez exigió respeto por su historia familiar. Recordó con orgullo el trabajo de sus abuelitos en la calle Carampangue, la trayectoria de su abuelo militar en el regimiento de Colchagua y como gerente general de la compañía de tabaco, subrayando además que cuenta con el respaldo de la ciudadanía por haber sido electo con la primera mayoría comunal.

Respecto a las acciones legales y de control ejercidas, el concejal aclaró que la denuncia que presentó ante la Contraloría General de la República por la intervención del alcalde contiene 11 páginas de argumentos y más de 300 páginas de documentos de respaldo, dejando la resolución en manos del organismo fiscalizador. Finalmente, desmintió la información del alcalde sobre sus labores profesionales al aclarar que ya no se desempeña como asesor parlamentario, reafirmando que continuará cumpliendo con el mandato de fiscalización que le confiere la ley.


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