Este miércoles se constituirá la Comisión Mixta que resolverá las diferencias pendientes del proyecto que crea el Subsistema de Inteligencia Económica, iniciativa que busca fortalecer la coordinación entre la Unidad de Análisis Financiero (UAF), el Servicio de Impuestos Internos y Aduanas para detectar movimientos financieros vinculados al crimen organizado.
Para el senador por la región de O’Higgins, Juan Luis Castro, quien integra la Comisión de Seguridad Pública, esta instancia representa el último paso para destrabar una discusión que se ha extendido por años y que será determinante para dotar al Estado de herramientas eficaces contra el lavado de activos.
«Este miércoles nos constituimos quienes integramos esta comisión mixta. Es el último trámite en el diseño de una ley que ha tenido una larga evolución y que se ha entrampado por las diferencias que existen sobre el acceso excepcional al secreto bancario. Espero que, de una vez por todas, el énfasis esté puesto en perseguir a los peces grandes y no solo a quienes ejecutan los delitos en la calle», afirmó.
El parlamentario sostuvo que el crimen organizado no solo opera mediante el narcotráfico o la violencia, sino que también busca infiltrarse en el sistema financiero para ocultar y mover sus recursos.
«La Operación Tokyo dejó en evidencia que incluso ejecutivos de un banco aparecieron vinculados al Tren de Aragua. Eso obliga a preguntarse cuántos otros espacios del sistema financiero podrían estar siendo utilizados por estas organizaciones. Aquí lo importante es seguir la ruta del dinero y llegar a quienes financian y sostienen estas redes criminales», señaló.
El proyecto mantiene como regla general el acceso a información bancaria mediante autorización judicial, pero incorpora una facultad excepcional para que la Unidad de Análisis Financiero pueda solicitar directamente antecedentes protegidos por secreto bancario en casos específicos de operaciones sospechosas ya reportadas, estableciendo además controles posteriores, deber de reserva y mecanismos de fiscalización sobre el uso de esa herramienta.
Castro agregó que este debate también tiene plena vigencia en la región de O’Higgins. «En nuestra región también hemos visto señales de cómo el crimen organizado ha extendido sus tentáculos al sistema financiero. Pensar que esto ocurre solo en otras ciudades es un error. Se trata de una estrategia global que busca instalarse allí donde hay poder y dinero. Por eso esta ley será una prueba de fuego para saber si realmente existe voluntad de combatir al crimen organizado en todos sus niveles, incluso cuando toca a los más poderosos», concluyó.
La principal discrepancia que deberá resolver la Comisión Mixta se concentra en el ámbito de acción del nuevo Subsistema de Inteligencia Económica. Mientras el Senado aprobó un catálogo amplio de delitos para activar el sistema, la Cámara de Diputados restringió su aplicación a casos vinculados con asociaciones delictivas o criminales, lo que, podría limitar la capacidad del Estado para detectar tempranamente operaciones financieras sospechosas.
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